La Fiscalía General del Estado, en los últimos días, informó sobre las detenciones de funcionarios y exfuncionarios simpatizantes del movimiento comandado por Rafael Correa. Estos reciben acusaciones de haber estado detrás de actos vandálicos, saqueos y agresiones durante los 11 días de paro nacional.
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La Fiscalía lleva adelante procesos de investigación. Ya son 14 personas que cuentan con prisión preventiva, mientras que otras siete permanecen protegidas por la Embajada de México.
Paola Pabón, prefecta de Pichincha, fue una de las últimas militantes del Correísmo en ser juzgada. La política recibió prisión preventiva y posee inmovilización en sus cuentas. La Fiscalía le formuló cargos de rebelión en relación con actos vandálicos e incitar a la violencia.
Virgilio Hernández, exasambelísta de la bancada Correísta es buscado por la justicia. No se conoce el paradero de Hernández, sin embargo en su cuenta de Twitter, el político, escribió que no ha cometido ningún delito.
Alexandra Arce, exalcaldesa de Durán, fue detenida el domingo 13 de octubre. Una jueza dictó prisión preventiva por asociación ilícita, paralización de servicios, rebelión y discordia en manifestaciones.
En días pasados, el asambleísta Yofre Poma; el prefecto de Sucumbíos, Amado Chávez, y siete personas más fueron detenidos por su presunta participación en la paralización de un servicio público. Poma y los otros funcionarios irrumpieron con violencia las instalaciones de Petroecuador.
“Ellos habrían entrado a la sala de control de operaciones destruyendo las puertas del edificio y con la amenaza inminente de atentar en contra de la integridad de los equipos de bombeo del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), así como de los operadores de Petroecuador”, señala el comunicado de la Fiscalía.
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Señalar que los implicados no son militantes de la Revolución Ciudadana, comandadas por Rafael Correa.
Siete personas se encuentran con asilo político en la Embajada de México. Se trata de los asambleístas Soledad Buendía y Carlos Viteri y el asambleísta alterno Luis Fernando Molina, y sus cónyuges. También la expresidenta de la Asamblea y legisladora Gabriela Rivadeneira. Hasta el momento la justicia no ha notificado de algún proceso en su contra.
Hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial por parte de la Cancillería del Ecuador o el ejecutivo acerca del asilo político otorgado por la nación azteca. Luz Elena Baños, representante de México señaló que no se hacen apreciaciones y sólo se cumple obligaciones internacional. Insistió que ellos se distinguen por la hospitalidad y no por genera discordia.
