La Fiscalía informó este 14 de octubre que se dictó prisión preventiva a dos sujetos, por presunto homicidio culposo de 10 personas en clínica de rehabilitación, ubicada en el sur de Guayaquil.
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En el texto se detalla que la institución procesó por dicho delito a Cristóbal Colón D. B., y a Nelson Francisco P. M.. Ambos, presuntamente, encargados de las llaves de acceso del inmueble que funcionaba como clínica de rehabilitación para consumidores de sustancias estupefacientes.
En el referido lugar, la noche del sábado 12 de octubre se produjo un voraz incendio que dejó diez personas fallecidas.
Elementos de convicción
Ayer, 13 de octubre se efectuó la la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos. En la diligencia se presentaron los elementos de convicción.
Entre las pruebas consta la denuncia de un familiar de uno de los occisos, las versiones de los agentes aprehensores y de deudos. También los partes policiales de detención y los informes de levantamiento de cadáveres por parte de la Dinased.
El juez de Garantías Penales, Edgar Macías, dictó el encarcelamiento preventivo de los dos sospechosos en el Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas en Conflicto con la Ley de Guayaquil, “por cuanto los indicios del delito son consistentes en relación a los ahora procesados”.
El incendio
El incendio se produjo en una vivienda de dos pisos ubicada en la cooperativa “Proletarios sin Tierra” del Guasmo sur, donde funcionaba un centro de recuperación de adicciones.
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De dicho sitio, sus ocupantes intentaron escapar, pero no pudieron al encontrar cerradas las puertas de ingreso y con obstáculos (camas atravesadas). Hasta el momento se ha determinado la identidad de seis fallecidos, todos ecuatorianos y mayores de edad.
Además, la a agente fiscal Mónica Rivera, profundizará la investigación durante la etapa de instrucción fiscal, que durará treinta días, según disposición judicial.
El delito de homicidio culposo, con base en lo dispuesto en el artículo 145 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), sanciona esta infracción con pena privativa de libertad de tres a cinco años.
