La ONU pidió este lunes 7 de octubre a las autoridades de Ecuador que garanticen el derecho de los ciudadanos a manifestarte pacíficamente y subrayó que cualquier uso de la fuerza debe ser «proporcionado».
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«La gente debe poder expresar sus opiniones y reunirse pacíficamente«, apuntó el portavoz de Naciones Unidas Stéphane Dujarric preguntado por la situación en el país latinoamericano, donde medidas económicas anunciadas por el Gobierno han desatado fuertes protestas.
Dujarric insistió además en que «el uso de la fuerza debe ser proporcionado» e ir en línea con las normas internacionales, sin atacar el «derecho de todas las personas a manifestarse pacíficamente».
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El portavoz respaldó en ese sentido el mensaje lanzado unas horas antes por la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que había expresado su preocupación por «actos de violencia contra manifestantes que habrían sido cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad».
La oficina de Derechos Humanos rechazó además «los hechos de violencia cometidos por terceros tales como agresiones a personas, destrucción de bienes públicos y privados, saqueos, bloqueos de la vía pública, entre otros».
En ese sentido, la oficina de Naciones Unidas recordó que la policía «tiene el deber de identificar las personas que actúan con violencia para aislarlas de los demás manifestantes».
«Los actos de violencia o delitos que cometan algunas personas no deben atribuirse a otras cuyo comportamiento es pacífico», subrayó el órgano que encabeza Bachelet, que insistió en que las autoridades tienen que respetar el derecho de todas las personas a manifestarse pacíficamente.
Según el Gobierno ecuatoriano, 467 personas fueron detenidas en el marco de las manifestaciones y disturbios en los últimos días, entre los que se incluyen algunos que intimidaron a otros ciudadanos por mirar pasivamente las marchas y no sumarse a las movilizaciones.
Las protestas estallaron el pasado jueves cuando entró en vigor la eliminación del subsidio a los combustibles, que derivó en un alza de 1,85 a 2,39 dólares en la gasolina «extra» (la más popular), y de 1,03 a 2,27 en la diesel premium.
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Los transportistas paralizaron completamente sus actividades entre jueves y viernes, cuando anunciaron la suspensión de la medida, que se cumplió de manera parcial este fin de semana.
Grupos indígenas se han movilizado en diferentes provincias del país, protestando no solo por la eliminación del subsidio a las gasolinas, sino también el extractivismo en sus tierras ancestrales y para exigir que sea respetada su jurisdicción y su educación bilingue.
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