La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) denunció este martes que varios de sus líderes son perseguidos por defender su territorio ancestral y oponerse a la industria de la minería y del petróleo.
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Así lo expresó en una rueda de prensa el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, quien dijo que en el país hay una vulneración de derechos y una masiva entrega de territorios a las industrias extractivistas.
«Hay violaciones de derechos humanos, más de 260 líderes perseguidos por defender sus territorios, más de 1,5 millones de hectáreas entregadas a las empresas petroleras y más de 200.000 hectáreas entregadas a las empresas mineras para su explotación», denunció Vargas.
En este sentido, la organización dijo que rechazará cualquier consulta acerca de la minería en territorios indígenas que intente hacer el Gobierno sobre territorios de las comunidades indígenas en los que ya se ha decidido «rechazar la minería».
Y es que, «con o sin consulta previa e informada, se siguen vulnerando los derechos humanos en Ecuador» y se «sigue invadiendo el territorio» ancestral, denunció Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae).
A su vez, exigió que se retiren «todas las concesiones mineras a gran escala en territorios pertenecientes a pueblos indígenas» que se han puesto en concesión sin una consulta previa, como manda la ley.
Por ello, Vargas anunció que las organizaciones indígenas convocarán a movilizaciones para octubre próximo, en protesta por la «vulneración de los derechos» de los pueblos indígenas y la afectación de «sus territorios ancestrales».
También agregó que se elevarán sus reivindicaciones a «instancias internacionales para que su territorio sea defendido y respetado».
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Además, advirtió de que, si no se retiran todas las empresas extractivistas de sus territorios, los indígenas «tendrán que entrar en ellas para sacarlas», una medida que en principio será «pacífica», pues se dará «tiempo a las empresas para que se retiren».
En 2018, el Gobierno hizo pasar en referendo una restricción a la minería metálica dentro de un acuerdo con los indígenas, pero la Conaie considera que ese precepto fue traicionado porque en las mesas de diálogo se exigió el fin de las concesiones.
La eliminación de ese tipo de concesiones, acordadas con el Gobierno, no han cesado, según aseguró a Efe el vicepresidente de la Conaie, Manuel Castillo.
Para combatir el fenómeno, grupos medioambientales y colectivos indígenas han aunado esfuerzos para intentar frenar la ejecución de proyectos mineros, en medio de un amplio debate sobre «progreso» y «conservacionismo» entre quienes defienden el extractivismo y los que lo rechazan.
En la actualidad, comunidades de la etnia shuar, asentada en un sector de la Amazonía ecuatoriana, han demandado el fin de operaciones para la construcción de una hidroeléctrica privada en sus territorios y han acusado al Gobierno de no impedir ese proyecto, pese a que hay una acción legal que favorece a los indígenas.
Además, en la zona de Río Blanco, en la provincia de Azuay (sur), han surgido protestas de comunidades locales que demandan al Gobierno un proceso de «consulta popular» sobre la instalación de una concesión minera en esa zona, por considerar que contaminará las fuentes de agua de las que se nutren los pobladores de la región.
Con información de EFE
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