Por el asesinato del policía en servicio activo Cristian Roberto A. G., ocurrido el 30 de agosto de 2018, el Tribunal de Garantías Penales de Guayas sentenció a Jefferson Jonathan S. L. y Cristóbal Gabrielle R. C. a veintiséis años de pena privativa de libertad, como autores directos del crimen.
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Aquella noche, en la cooperativa Primero de Agosto, en el Guasmo central (sur de Guayaquil), la víctima, de 24 años, conversaba con otros jóvenes en el portal de una vivienda, cuando dos sujetos arribaron al lugar y le dispararon.
Al escuchar las detonaciones, familiares que se encontraban al interior del domicilio salieron para observar la escena y se encontraron cara a cara con los delincuentes. Al ser descubiertos, huyeron en un vehículo que los esperaba.
El hecho fue denunciado por la madre de la víctima e investigado por el fiscal Franklin Flores Catuto, que dispuso varias diligencias, como la extracción de audios y videos de las cámaras del sector para captar al vehículo utilizado en el ilícito, y de notas periodísticas sobre el suceso.
Paralelamente, con agentes de Criminalística se recogieron 11 indicios balísticos (vainas, balas deformadas) en el lugar de los hechos y manchas de sangre.
Personal de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) hizo el levantamiento del cadáver y la autopsia de ley.
Esta reveló laceraciones en intestinos, riñón y páncreas ocasionadas por siete orificios. Estos informes se complementaron con las comparecencias de cuatro testigos presenciales, que ubicaron a los ahora sentenciados en el lugar y día de los hechos.
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Con dieciocho pruebas documentales y más de veinte testimoniales, Fiscalía probó la existencia de la infracción y responsabilidad penal de los procesados, que pertenecerían a la banda de “Los Gorras”.
Tras el respectivo análisis y valoración de los medios probatorios, el Tribunal Penal declaró culpables a Jefferson Jonathan S. L. y Cristóbal Gabrielle R. C. del delito tipificado en el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece una pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.
Por unanimidad, los magistrados Odalia Ledesma, Alizon Ramírez y Francisco Dávila determinaron –además– que cada sentenciado deberá cancelar 394.000 dólares de multa y 10.000 dólares como reparación integral a los familiares de la víctima.
Por este mismo caso, Fiscalía investiga, en otro proceso, a un tercer sospechoso: se presume que era el conductor del vehículo utilizado en el crimen.
