A ocho años de pena privativa de libertad fueron sentenciados los esposos Katty G. y Marcelo I. Esto porque la Fiscalía demostró su responsabilidad en el delito de estafa masiva.
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Estos ciudadanos ofrecían, a profesionales, puestos de trabajo en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), a cambio del pago de 5.000 y 6.000 dólares.
Los sentenciados fueron detenidos en octubre de 2018 en un operativo ejecutado por Fiscalía y Policía Nacional en Portoviejo, de acuerdo con información de la Fiscalía.
En los allanamientos se recabó documentación de las víctimas y acciones de personal con el logotipo del IESS, unas en blanco y otras llenas, a favor de los perjudicados, que estaban listas solo para firmar.
La Fiscalía tuvo conocimiento del caso debido a las denuncias efectuadas por las víctimas, a quienes se les ofrecía nombramientos definitivos de médicos o puestos administrativos en la Dirección Provincial del IESS en Manabí, en el Seguro Social Campesino y en varios hospitales.
Según el fiscal que investigó el caso, abogado Luis Cadena, existen más de treinta víctimas –médicos, odontólogos, ingenieros–, muchas de las cuales renunciaron a sus trabajos porque supuestamente ingresarían a laborar en el IESS. El monto de la estafa superaría los 85.000 dólares.
En la audiencia de juzgamiento en contra de Katty G. y Marcelo I., que se desarrolló ante el Tribunal de Garantías Penales de Portoviejo, el fiscal Cadena presentó, como elementos probatorios, las pericias a los teléfonos celulares de los perjudicados, que evidenciaron las conversaciones que tenían con los sentenciados a través de la aplicación WhatsApp.
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Entre las pruebas documentales, Fiscalía expuso una certificación del IESS, que indicaba que las acciones de personal emitidas a nombre de las víctimas eran falsas. También los testimonios de las personas agraviadas, que identificaron a los acusados como los responsables del hecho.
Allí mencionaron que Katty G. y Marcelo I. les hacían viajar a Quito, se reunían en el Parque “El Ejido” –justo al frente del IESS–, porque aparentemente las autoridades firmarían las acciones de personal, pero cuando todos acudían, les decían que aún no estaban, que había surgido un inconveniente.
El Fiscal también presentó los documentos que demostraron las transacciones realizadas a la cuenta de Katty G., aunque la mayoría entregaba el dinero en efectivo.
También se comprobó que –para enganchar a más víctimas– estas personas depositaban a los perjudicados el supuesto sueldo que iban a ganar, diciéndoles que ya estaban dentro de la institución y que solo faltaba que se les otorgue el nombramiento.
En este mismo caso, Jorge C. –quien también participó en estos hechos– ya había sido sentenciado a cuarenta meses de pena privativa de libertad, luego de acogerse al procedimiento abreviado.
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