La Corte vinculó este 1 agosto a otro sospechoso por el presunto ataque a sistemas informáticos del Estado, en el que también está encausado el experto sueco Ola Bini, amigo del fundador de WikiLeaks, Julian Assange.
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La jueza Irene Pesántez aceptó el pedido de la Fiscalía y vinculó al ciudadano ecuatoriano identificado como Marco A. a la instrucción fiscal, por su presunta participación en el delito de ataque la integridad de sistemas informáticos.
Durante una audiencia celebrada este jueves en un complejo judicial de Quito, la jueza extendió por 30 días la instrucción fiscal, según informó el Ministerio Público en un comunicado.
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Además, prohibió la salida del país del sospechoso y ordenó que se presente cada ocho días ante el fiscal de la causa, para garantizar su presencia en las siguientes etapas del proceso.
Según Soria, la noche del miércoles fue asaltada la oficina y se llevaron equipos informáticos, por lo que dio aviso a la Policía y responsabilizó al Ministerio del Interior por la seguridad e integridad del equipo de trabajo de la organización no gubernamental Centro de Autonomía Digital (CAD), fundada por Bini.
El sueco, experto en encriptación cibernética y software libre, fue detenido en Quito por presunto espionaje informático el pasado 11 de abril, horas después de que el Estado ecuatoriano pusiera fin al asilo concedido a Assange desde 2012 en su Embajada de Londres.
Bini, que había sido puesto bajo prisión preventiva, fue liberado el pasado 20 de junio después de que un juez de la Corte de Justicia de la provincia andina de Pichincha, cuya capital es Quito, aceptara un recurso de «hábeas corpus» solicitado por su defensa.
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Desde entonces comparece cada viernes ante la autoridad fiscal que adelanta la instrucción, la misma que debía concluir el pasado 10 de julio, pero que ha sido extendida por pedido del propio Ministerio Público.
Según Soria, la Fiscalía ha involucrado a otra persona, Marco A., cuya relación con Ola Bini es «meramente profesional», y ello ha supuesto que se dilate la instrucción.
«Treinta días más sin que nos digan qué, cómo, cuándo ni dónde se vulneraron sistemas informáticos» del Estado, de acuerdo a la denuncia presentada por las autoridades del Gobierno, añadió Soria.
El pasado viernes, en relación a la petición de la Justicia de Estados Unidos de tomar declaración a Bini en el marco de una investigación que lleva a cabo por el caso Assange, el informático sueco aseguró que no teme ningún proceso: «Julian es solo un amigo, como siempre lo he dicho».
El pasado 11 de junio, un portavoz del Departamento de Justicia de EE.UU. confirmó que el Gobierno de Washington pidió formalmente al Reino Unido la extradición del fundador de WikiLeaks.
De 47 años y origen australiano, Assange se enfrenta en una corte federal del estado de Virginia a varios delitos de espionaje y de publicación de documentos altamente clasificados, en relación con la filtración masiva que organizó en 2010.
El 11 de abril fue detenido por la Policía británica en la Embajada ecuatoriana en Londres, donde se refugió en 2012 para eludir su extradición a Suecia, que pidió su entrega a raíz de dos presuntos delitos sexuales -uno violación- que él siempre negó.
Con información de EFE
