Ecuador ha declarado una «amnistía migratoria» que exonerará de multas a todos aquellos venezolanos que no hayan regularizado hasta ahora su situación, previa aplicación dentro de 30 días de nuevas visas para acceder o permanecer en su territorio.
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El decreto establece la amnistía para todos aquellos venezolanos que «no hayan violado las leyes del país» y que «hayan ingresado regularmente a través de los puntos de control migratorio hasta la fecha de entrada en vigencia del presente decreto ejecutivo».
Así consta en un documento de seis páginas divulgado por la dirección de comunicación de la presidencia y que está firmado con fecha del 25 de julio por el presidente Lenín Moreno, y los ministros de Exteriores, José Valencia, y de Interior, María Paula Romo.
En una rueda de prensa, la ministra explicó que se ha trabajado durante «varias semanas» en el contenido del decreto que aborda los nuevos requisitos tanto para los venezolanos que ya están en Ecuador como para los que tengan la intención de entrar en el futuro.
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«Para los que no se encuentran en Ecuador se decide implementar una visa«, abunda la ministra citando el reciente ejemplo de Perú.
Una visa de «residencia temporal de excepción por razones humanitarias» que entrará en vigor dentro de 30 días para dar tiempo a la ejecución del plan y que los consulados ecuatorianos en el extranjero puedan organizarse.
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A los que ya están en el país, cuya cifra exacta se desconoce pero que superan los 350.000, se les concederá un proceso «preferente» para agilizar la regularización y que accedan a la visa en un proceso «gratuito» en el que sólo deberán pagar la gestión del formulario de solicitud, pero no la visa en sí.
«El proceso de regularización culminará el 31 de marzo de 2020», define el decreto presidencial.
Por Ecuador han pasado estos dos últimos años más de un millón de migrantes venezolanos, aunque la mayoría han seguido a destinos económicamente más promisorios como Chile o Perú.
De los que se quedaron, el decreto indica que 110.000 «han accedido a una condición migratoria regular».
El resto no la ha solicitado, está pendiente de resolución en la excesivamente saturada burocracia ecuatoriana, o ha entrado de forma irregular.
El jueves, en un discurso en Guayaquil, el presidente Moreno adelantó que también se efectuaría un censo para conocer la situación de todos los sin papeles.
Romo aclaró que el censo, que comenzará en «las próximas semanas», no será «obligatorio», pero recomendó a los ciudadanos venezolanos que se censen porque les ayudará a «renovar sus permisos de identidad» y regularizar su situación para que puedan acceder a servicios sociales, sanidad o educación sin ningún problema.
«Además, se están perdonando las multas migratorias que todas estas personas han acumulado», explicó la titular de Interior sobre las costosas implicaciones de no cumplimentar el proceso.
Y podrán hacerlo incluso con documentación que esté caducada un máximo de 5 años, según una petición a Ecuador del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en marzo.
Los últimos datos de la ONU estiman que unos 500.000 venezolanos estarán radicados en el país andino hasta finales de 2019, lo que según ha dicho en varias ocasiones Moreno «supera en mucho la capacidad de acogida» del país.
En 2018, Ecuador destinó de su presupuesto regular unos 77 millones de dólares -según consta en el decreto- para afrontar los gastos de salud, educación, seguridad, inclusión económica y social, entre otros.
Todos estos cambios estarán dentro de una reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana que el Gobierno enviará la próxima semana a la Asamblea «para que complemente el decreto», con el fin de «velar primero por el bienestar de los ecuatorianos y de los propios migrantes», en palabras de Moreno.
Romo agregó en sus declaraciones que, con estos cambios, Ecuador no quiere «crear un ambiente de caos, de persecución o violencia», sino «poner en orden» una migración que excede sus capacidades.
En ese sentido, en declaraciones a Efe, el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, advirtió de la necesidad de que, a la par del control migratorio, se despliegue una política pública de seguridad sobre todo en las fronteras.
Ello porque «cuando se establecen requisitos, lo que se activan son las mafias de tráfico de migrantes, de coyoterismo, de trata de personas».
Una preocupación que compartió Daniel Regalado, presidente de la Asociación Venezolanos en Ecuador, quien teme que se «reactive» ese fenómeno ocurrido el año pasado cuando se solicitaron antecedentes penales apostillados y pasaportes.
Esos requisitos, adoptados a raíz de un incidente criminal, fueron abandonados por el Gobierno por presión de las propias instituciones ecuatorianas que velan por los derechos ciudadanos y humanos.
Y aunque Carrión opinó que el Estado tiene «la competencia y la facultad legal para regularizar el ingreso y la permanencia de todo ciudadano extranjero, siempre en función de los derechos humanos», cree que la exigencia del visado «no es la medida más adecuada».
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