Durante un año, su pareja la obligó a prostituirse, bajo reales y contundentes amenazas. Para evitar que su conviviente abandone el trabajo sexual, Boris Jefferson M. le retiró sus documentos personales, amenazó con matar a sus padres e incluso utilizó corriente eléctrica para lastimar a los dos hijos de la víctima, de 5 y 9 años de edad, y así demostrarle de lo que era capaz.
PUBLICIDAD
Para reforzar su ultimátum de dañar a los progenitores, el ciudadano imputado viajó hasta una provincia de la costa ecuatoriana para fotografiar la vivienda de los padres de la víctima y mostrárselas a ella, en Quito. Una pariente de la mujer vulnerada lo vio tomar fotos en el lugar.
Antes de quedar incomunicada con su familia –pues le retiró el teléfono celular y le prohibió hablar con sus parientes– la mujer afectada le contó en reiteradas ocasiones a su madre que ella y sus hijos sufrían maltrato y que estaba amenazada.
Boris Jefferson M. también se quedaba con todo el dinero que ganaba su pareja de 27 años, a la que mantuvo durante un año en prostitución forzada, en un club nocturno del norte de Quito. El control que ejerció fue total, ya que del hotel donde vivían se trasladaban hasta el club, pues él laboraba en el mismo lugar aparcando vehículos y en la seguridad del local.
En total estado de desesperación, la mujer logró contactarse con un policía, al que le contó lo que le sucedía y le pidió ayuda.
Un día antes de la apertura del caso, ella fue rescatada del club. Boris, de 37 años, fue aprehendido con todos los documentos personales de su conviviente y 200 dólares que habían sido cancelados por el trabajo (forzado) de la víctima.
Pruebas sobre el caso
La teoría del caso que planteó la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional 3 de Pichincha fue contundente, para que el Tribunal de Garantías Penales, con sede en Iñaquito, sentenciara a Boris Jefferson M., a 13 años de privación de libertad, como autor del delito de prostitución forzada, perpetrado en su conviviente.
PUBLICIDAD
Al final de la audiencia de juzgamiento, como parte del fallo condenatorio, los jueces impusieron una reparación integral de 3.000 dólares, que el acusado deberá cancelar en beneficio de la afectada.
Tanto la víctima, como sus hijos y padres, se mantienen dentro del Sistema de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía General del Estado, puesto que recibieron amenazas de muerte durante el proceso penal, las mismas que se mantuvieron el día de la reinstalación de la audiencia de juzgamiento (10 de junio de 2019), todas perpetradas por Boris.
La Fiscalía sostuvo el caso con base en el artículo 101, numerales 1 y 2, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que castiga con una pena privativa de libertad que va de los trece a los dieciséis años, para la persona que obligue a otra a realizar actos de naturaleza sexual amenazándola o intimidándola; y, si el infractor mantiene o tuvo una relación de pareja con la víctima.
