Fiscalía realizó tres allanamientos en Guayaquil, Quito y Puyo por investigación previa al Ministerio de Salud

Los allanamientos se efectuaron dentro de la investigación previa que se sigue en contra del Ministerio de Salud Pública por el delito tipificado en el artículo 217 del COIP

Por Metro Ecuador

La Fiscalía informó que realizó tres allanamientos en Guayaquil, Quito y Puyo. Este procedimiento es dentro de la investigación previa contra el Ministerio de Salud por supuestas irregularidades en la contratación y uso del test de diagnóstico rápido del VIH.

En Guayaquil, los operativos se realizaron en los laboratorios de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA). En el Puyo fue en el Centro de Salud tipo A Morete. Mientras que en Quito, en las bodegas del Ministerio de Salud ubicado al sur de la ciudad.

Durante las diligencias se incautaron pruebas rápidas para la detección del VIH de cuarta generación. Estas serán llevadas a través de la cadena de custodia correspondiente para ser analizadas por peritos especializados.

Los allanamientos se llevaron a cabo este 4 de junio de 2019. El delito tipificado está relacionado con el artículo 217 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Refiere a la producción, fabricación, comercialización y distribución de medicamentos e insumos.

Verónica Espinosa habló sobre fallecimiento de mujer en Hospital del Guasmo Sur

La ministra de Salud, Verónica Espinosa habló sobre el fallecimiento de un mujer en la puerta del Hospital del Guasmo Sur en Guayaquil. Aseguró que "la paciente arribó fallecida al hospital".

"La persona que importe, produzca, fabrique, comercialice, distribuya o expenda medicamentos o dispositivos médicos falsificados o que incumpla las exigencias normativas relativas a su composición, estabilidad y eficacia, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años"

También se añade que la persona que expenda o despache medicamentos caducados y con ello ponga en peligro la vida o la salud de las personas, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años e inhabilitación para el ejercicio de la profesión u oficio por seis meses.

"Si se determina responsabilidad penal de una persona jurídica, será sancionada con una multa de treinta a cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general y la extinción de la misma", añade.

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