El secretario Anticorrupción del Gobierno, Iván Granda, solicitó -mediante Amicus Curiae- a la Corte Constitucional analizar la «inconstitucionalidad parcial» del último inciso del artículo 581 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
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Según Granda es para que «no sea necesario el informe de responsabilidad penal de la Contraloría para que la Fiscalía inicie instrucción fiscal». La petición la realizó a través de su cuenta de Twitter.
Asimismo solicitó que se declare parcialmente «inconstitucional» el artículo 77 de la Ley de Contraloría. «Sobre la caducidad de 7 años para ejecutar acciones de control. Tiempo que no debe culminar cuando se trate de indicios de responsabilidad penal, no así para responsabilidades civiles y administrativas».
Igualmente para el artículo 26, «sobre caducidad de 180 días que requiere la Contraloría para terminar la orden de trabajo (penal)». Según el secretario Anticorrupción se trabaja en la «revisión de normas para evitar vacíos legales que pongan en riesgo el combate a la corrupción».
A través de la firma del Decreto Ejecutivo 731 se creó la Comisión de Expertos Internacionales de Lucha Contra la Corrupción (CEICCE). Esta dará una atención técnica especializada para el fortalecimiento de las instituciones.
