El Gobierno Nacional decidió incrementar en aproximadamente 60 mil hectáreas (casi diez mil más de lo previsto en la Consulta Popular) la superficie de la Zona Intangible Tagaeri – Taromenane en el Parque Nacional Yasuní, sumando en total una extensión de 818.501,42 hectáreas.
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Así lo ratifica el Decreto Ejecutivo 751 que redelimita este lugar, en base a lo dispuesto por el pueblo ecuatoriano en las urnas, sobre la pregunta 7 de la Consulta Popular del 4 de febrero de 2018, respecto a “incrementar la Zona Intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas”.
El Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Carlos Pérez, recalcó que con este Decreto se está “ratificando lo dispuesto por el pueblo, a través de una respuesta positiva de nuestro Gobierno que promueve los derechos de las comunidades amazónicas y los de la naturaleza”.
“Esto significa que durante el mandato del Presidente Lenín Moreno no se desarrollarán los recursos existentes en la zona de amortiguamiento, ni se tocará por ningún motivo la Zona Intangible Tagaeri – Taromenane del Parque Nacional Yasuní. Por esta razón estamos gestionando Licencias Ambientales para desarrollar únicamente las Plataformas Ishpingo A y B, a pesar de que la Declaratoria de Interés Nacional de la Asamblea nos permitiría realizar actividades en la zona de amortiguamiento”, señaló.
Ante esta decisión, el Estado Ecuatoriano acató esta disposición y mediante el Decreto Ejecutivo 314 nombró una Comisión Técnica conformada por: los Ministerios de Energía y Recursos Naturales No Renovables (antes Ministerio de Hidrocarburos); Ambiente; Justicia y Derechos Humanos; la Secretaría Nacional de Gestión de la Política; encargada de realizar los estudios técnicos para el incremento de la Zona Intangible Tagaeri – Taromenane.
Como parte de esta estrategia, se realizaron cuatro mesas que estudiaron y resolvieron a detalle todos los aspectos referentes a este incremento, siempre precautelando los derechos humanos y los de la naturaleza.
La primera se encargó de definir los parámetros de evaluación para la ampliación; la segunda, de la parte cartográfica; la tercera, de los temas legales y la cuarta sobre los parámetros para la reducción de la zona de explotación en el Yasuní.
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Para delimitar el nuevo mapa de la Zona Intangible Tagaeri – Taromenane, la mesa técnica intersectorial cumplió varias acciones, como levantamiento de información y la implementación de mecanismos de participación ciudadana, entre ellos: reuniones con expertos en Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario, con la nacionalidad Waorani, así como una audiencia de presentación de las propuestas, por parte de la sociedad civil en la que participaron la Asociación Ome Yasuní (Comunidad de Bameno); el Grupo Universidad de Padua y el colectivo Yasunidos.
Este proceso que tomó 120 días, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto, incluyó un análisis riguroso de la información hasta la formulación de la propuesta y elaboración del informe final.
Otro de los aspectos, es que de las 1.030 hectáreas previstas inicialmente para el desarrollo de este proyecto, que fueron reducidas a 300 hectáreas con la Consulta Popular y que constan en el Acuerdo 751, en este periodo de Gobierno, Petroamazonas EP solo ha intervenido en 47.2 hectáreas, que representa el 4,6% de ese valor inicial, a pesar de contar actualmente con los permisos para intervenir 108,48 hectáreas.
De esta manera, los Bloques 31 y 43 cuentan con una protección mayor a cualquier operación hidrocarburífera en el país para precautelar la biodiversidad y el ecosistema en las zonas aledañas a su desarrollo. Sus actividades se encuentran debidamente licenciadas por el Ministerio de Ambiente, tal como lo dictamina la Declaratoria de Interés Nacional y son supervisadas semestralmente.
Hasta la fecha, se han realizado 11 monitoreos ciudadanos a los cuales se suman visitas constantes de medios de comunicación, actores políticos, autoridades, líderes de opinión, estudiantes, entre otros, quienes constatan in situ el desarrollo responsable y sostenible de este proyecto.
El Secretario de Estado dijo que con el objetivo de transparentar la gestión, “el Gobierno Nacional también promoverá la realización de un monitoreo técnico internacional, independiente, que ratifique nuestro trabajo responsable mediante la implementación de los mejores estándares sociales y ambientales, tecnología de punta, optimización del uso del espacio en superficie y la eficiencia en las distintas fases de la operación en este proyecto”, indicó. El desarrollo de los Bloques 31 y 43, en todas sus etapas no ha generado ningún incidente ambiental.
Para ello, Petroamazonas EP cuenta con un registro completo de flora y fauna identificado a través de cámaras trampa ubicadas alrededor del proyecto, sin que se haya alterado el hábitat natural de estas especies. Adicionalmente se han impulsado y ejecutado proyectos de agua, saneamiento y electricidad en las comunidades del área de influencia directa del proyecto. En la actualidad, estas poblaciones cuentan con proyectos de café y cacao orgánico certificado.
El Gobierno Nacional continuará aprovechando los recursos hidrocarburíferos de manera responsable, sostenible y transparente, apegado a la normativa legal vigente, para contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo social y económico del país.
