Ayer 07 de mayo, la EP Petroecuador suscribió el contrato para la implementación de la norma ISO 37001:2016, que permite adoptar prácticas y procedimientos de gestión interna y externa bajo un esquema de transparencia, minimizando el riesgo de soborno y fortaleciendo el sistema de contratación pública de la entidad.
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El proceso para poner en marcha esta norma internacional tomará siete meses y estará a cargo de la empresa ANDEANECUADOR CONSULTORES ESTRATEGICOS C.L., que es parte de la red de consultoría de la firma internacional Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL).
«La adopción de los requisitos de la norma antisoborno, exigidos a escala global, nos permitirá la detección oportuna de situaciones de riesgo de sobornos en la empresa y establecerá los mecanismos de comunicación inmediata a las autoridades de control, a fin de evitar actos de corrupción», aseguró el Gerente General de la estatal petrolera, Pablo Flores.
Agregó que «con esta decisión se incluirán estándares internacionales de lucha contra la corrupción en los procesos de transparencia de gestión que impulsamos en la entidad, mediante el fortalecimiento de los procesos de contratación pública en todas las áreas de la empresa, desde la comercialización nacional, logística,
abastecimiento y comercio Internacional».
En la actual administración, la EP Petroecuador ha desarrollado más de 300 procesos de contratación, a través de licitaciones abiertas, que han permitido la participación de la mayor cantidad de empresas (entre 15 y 1.500) y ofertas, velando por los intereses del país, en el marco de la normativa vigente y garantizando un manejo eficiente y responsable de los recursos públicos.
«La incorporación de esta norma contribuye a identificar las principales vulnerabilidades en los procesos de contratación pública y una vez detectadas se plantearán alternativas para su fortalecimiento», recalcó Flores.
En el marco de este trabajo anticorrupción, la entidad responsable del transporte y comercialización de hidrocarburos, ha impulsado otras cuatro acciones.
Se han presentado acciones legales ante los diferentes organismos de control con el fin de determinar responsabilidades y recuperar recursos para beneficio del país.
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A la fecha existen 89 indicios de responsabilidad penal establecidos por la Contraloría General del Estado, de un total de más de 1.800 procesos impulsados en los tribunales.
Además, se han remitido ocho casos de presuntos eventos de corrupción, a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), con el fin de ampliar las investigaciones.
La empresa incorporó la Unidad Anticorrupción y la Jefatura de Control y Prevención de Lavado de Activos, e incluyó una cláusula anticorrupción en el Contrato Colectivo.
A todo esto se suman, las acciones desarrolladas en conjunto con organismos internacionales, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la evaluación de obras petroleras, que actualmente están siendo intervenidas para garantizar su adecuada operación técnica.