La ministra del Interior, María Paula Romo, compartió la sensación de inseguridad de muchos quiteños por recientes actos de violencia, pero aseguró que las estadísticas no muestran un incremento de los delitos y criticó al poder judicial por no respaldar a veces el trabajo de la Policía.
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«Desde el punto de vista de la sensación de seguridad, nosotros compartimos la preocupación que ha generado en Quito el hecho que algunos actos violentos de los últimos días se han presentado con particular violencia», dijo la ministra a EFE.
Pero apuntó a renglón seguido que en el índice general de delincuencia, que contempla siete delitos, no hay un incremento en las estadísticas sino «una pequeña reducción en comparación con el trimestre pasado».
Mencionó, entre varios ejemplos, el que los «homicidios intencionales» bajaran de 46 casos en el primer trimestre de 2018 a 35 en el mismo lapso de 2019, o una caída de 32 puntos porcentuales en el asalto a domicilios.
Frente a ello, crecieron los robos en la vía pública.
«Son datos de la realidad, eso no significa que de ninguna manera que subestime la preocupación de la población y (por eso) estamos redoblando nuestros esfuerzos», indicó Romo.
En los últimos meses la población quiteña, particularmente la del sur de la capital ecuatoriana, se ha quejado de una creciente inseguridad ciudadana, una circunstancia que la ministra atribuye a que los últimos sucesos han tenido consecuencias más graves contra personas.
«Estamos preocupados y trabajando en ese sentido. La semana pasada se desarticuló en Quito una banda de roba pintas y, el día de ayer, a un taxista que hace un par de semanas intentó subir a la fuerza a una joven en el norte de Quito», mencionó.
El conductor fue liberado después por los jueces y acusado del robo de un teléfono, el único objeto que consiguió arrancar a la joven, lo que causa no poca frustración en la ministra.
Para Romo, «la sensación de inseguridad tiene que ver con el trabajo de la Policía pero también con la respuesta de los jueces y fiscales», y exhorta a los magistrados a aplicar la ley para evitar que el trabajo de la policía se desvanezca.
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Preguntada sobre si hay «incompetencia», la ministra indicó que «no se puede usar esa palabra», pero insistió en su «crítica» a la Administración de Justicia porque «la respuesta (a la inseguridad) no la vamos a dar únicamente desde la Policía».
Con información de EFE
