La Fiscalía General del Estado se pronunció sobre la documentación del presunto financiamiento del gobierno venezolano al Instituto de Pensamiento Político y Económico Eloy Alfaro.
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«Una vez revisada la documentación entregada por Iván Granda, Secretario Anticorrupción, con el equipo de asesores técnicos de la Fiscalía, se ha determinado que los hechos puestos en conocimiento de la presente institución no configuran indicios de la presencia de una conducta típica y antijurídica en el país». Así reza un comunicado.
En la misiva añaden que del análisis realizado se concluyó que: «Unicamente las conductas que se encuentren amparadas por la Ley Penal del Ecuador serán susceptibles de ser perseguidas y castigadas».
«En el presente caso, los hechos descritos, no configuran un indicio del cometimiento de un delito (…) Mucho menos una conducta penalmente perseguible. Ya que, los dineros de los cuales se menciona tienen su génesis en los caudales públicos de Venezuela (…) Los mismos, que en el supuesto de configurar una malversación de dichos fondos, Ecuador y Fiscalía carecercía de jurisdicción y competencia para intervenir en las investigaciones de un supuesto delito».
Sin embargo, se añade, si «existieran indicios de una presunta infracción penal ha producido efectos jurídicos en Ecuador o en lugares sometidos a su jurisdicción, la Fiscalía tomará las acciones pertinentes, según su competencia».
Al finalizar, la Fiscalía concluye que tras analizar la documentación ingresada este miércoles, «la misma no representa una noticia criminis con la cual se pueda hacer una investigación penal previa.
