La mañana de hoy, 23 de enero de 2019, la Fiscalía General del Estado, solicitó a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) la prisión preventiva para la exvicepresidenta María Alejandra Vicuña.
PUBLICIDAD
Este pedido se realizó durante la audiencia de formulación de cargos contra Vicuña, en las instancias de la CNJ. En la diligencia intervino a Fiscal Ruth Palacios solicitó la prisión preventiva y la acusa por su presunta participación en el delito de concusión, que habría cometido cuando cumplía las funciones de asambleísta.
Vicuña acudió a principios de mes a la Fiscalía para rendir una segunda versión sobre la presunta recepción irregular de donaciones para su movimiento político, Alianza Bolivariana Alfarista (ABA), casó que forzó su salida del Gobierno en diciembre pasado.
Ello después de que Angel Sagbay y Carla Obando, dos exasesores de la exmandataria, denunciaran que le habían depositado en su cuenta personal contribuciones irregulares para financiar el movimiento, que no consta en registros electorales y por lo tanto no tiene cuenta bancaria.
Además de la cuota mensual en cuenta, ambos aseguraron que el dinero era parte de un condicionamiento de Vicuña para mantenerlos en los cargos que ocupaban cuando ella se desempeñaba como legisladora entre 2011 y 2013.
Vicuña insiste desde entonces que los depósitos correspondían a contribuciones voluntarias, pero dimitió del cargo el pasado 4 de diciembre por presión pública y desde el Gobierno.
Seis días después la Asamblea Nacional designó como su reemplazo al empresario Otto Sonnenholzner, de una terna enviada por el jefe de Estado, Lenín Moreno.
PUBLICIDAD
Sonnenholzner asumió el 11 de diciembre como tercer vicepresidente de Moreno en sus 19 meses de mandato, y se convirtió en el primero en ese cargo que no estuvo vinculado al expresidente Rafael Correa, quien gobernó Ecuador entre 2007 y 2017.
A Vicuña le precedió como vicepresidente Jorge Glas, elegido en tándem con Moreno en las elecciones de 2017 pero que en diciembre de ese año fue juzgado y condenado en primera instancia por un delito de asociación ilícita en la trama de sobornos de la firma brasileña Odebrecht.
