Keiko Fujimori, principal líder opositora en Perú, ingresará en prisión preventiva por 36 meses al existir «graves sospechas» de que ordenó a la cúpula de Fuerza Popular, el partido que ella preside, lavar dinero para financiar su campaña para las elecciones presidenciales de 2011.
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La resolución emitida hoy por el juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, consideró que Fujimori lideró una organización criminal enquistada en su partido para captar dinero ilícito y así acceder al poder político, para luego retribuirlo con actos de corrupción.
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El magistrado anticipó que la posible condena a la que se enfrenta la hija y heredera político del expresidente Alberto Fujimori es de al menos diez años de cárcel por un presunto delito de lavado de activos agravado.
El dinero fue presuntamente lavado con la simulación de múltiples donaciones de personas particulares que prestaron su nombre para elaborar una contabilidad ficticia.
Así se hizo supuestamente con el millón de dólares que la constructora brasileña Odebrecht afirmó haber entregado a la campaña de Fujimori, aparentemente desde la cuenta utilizada por la empresa para pagar sobornos en una docena de países de Latinoamérica.
Concepción Carhuancho señaló que otro motivo para dictar la prisión preventiva contra Keiko Fujimori es el peligro de obstrucción de la justicia.
En ese sentido, citó declaraciones de testigos que aseguran que Keiko Fujimori se reunió con el exjuez César Hinostroza, actualmente en prisión provisional en España por liderar una gran red de tráfico de influencias, favores y prevaricación en el seno de la judicatura.
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Hinostroza presidía la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia y en esta debía resolver dos recursos de Keiko Fujimori para archivar la investigación que sigue a ella y a Fuerza Popular el fiscal contra el lavado de activos José Domingo Pérez.
Sobre el peligro de fuga, el juez consideró que este «es intenso y alto» a pesar de que Fujimori tiene arraigo domiciliario y ocupacional, mas no laboral, pues pudo en duda que dirigir un partido político sea un vínculo laboral.
KEIKO FUJIMORI, DETENIDA
Tras la lectura de la resolución, que se prolongó por casi ocho horas, Fujimori quedó detenida para ser internada en las próximas horas en una prisión, posiblemente la cárcel para mujeres del distrito limeño de Chorrillos.
La abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza, anunció que apelarán la decisión por considerar, entre otros argumentos, que «nunca tuvo un juez imparcial».
«No ha citado ningún elemento de convicción que involucre directamente a Keiko Fujimori. Solo se le atribuye ser líder de Fuerza Popular», agregó.
Loza reiteró que no existe peligro alguno de fuga y calificó de «forzado e irracional» los argumentos sobre la obstrucción a la justicia.
Por su parte, el marido de Keiko, Mark Vito, denunció que su esposa fue víctima de «un linchamiento público y exprés» por parte del juez y del fiscal.
Tras despedirse de Keiko con un prolongado abrazo, Vito aseguró entre sollozos que su dolor y las lágrimas de sus dos hijas menores «serán la gasolina para seguir adelante y resistir».
«Este golpe nos fortalece. No va a hacer crecer como pareja y como familia. Keiko, te amo. Resiste, amor. Pronto vas a estar en nuestros brazos, en los brazos de tu familia», añadió.
KEIKO FUJIMORI INDICA SER «UNA PRISIONERA POLÍTICA»
Desde el Congreso, el grupo parlamentario de Fuerza Popular, comandado por el congresista Miguel Torres, quien está al frente del comité de crisis del partido, afirmó que Keiko Fujimori es la primera presa política de la historia de Perú e indicó que su encarcelamiento es parte de una persecución política.
La orden de prisión preventiva contra Keiko Fujimori llegó en el séptimo día de la audiencia que el juez Concepción Carhuanho realiza para evaluar el requerimiento presentado por el fiscal José Domingo Pérez contra la presidenta de Fuerza Popular y otras diez personas de la cúpula del partido.
Entre los otros imputados están los exministros Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, presuntos receptores de los fondos ilícitos de Odebrecht, y Pier Figari y Ana Herz, los dos asesores más próximos a Fujimori, quienes controlaban Fuerza Popular y a sus congresistas, además de Vicente Silva Checa, quien asesoraba «en la sombra».
También se dio la decisión antes de que se resuelva un pedido de recusación contra el juez presentado por los abogados de los imputados.
