Diana Falcón, una exagente de Inteligencia en prisión preventiva por el secuestro de un político opositor ecuatoriano en 2012 en Colombia, declaró hoy que fue presionada por una asambleísta para cambiar su testimonio a favor del expresidente Rafael Correa.
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El caso se ventila en la Asamblea Nacional dentro de un proceso de fiscalización de la visita que la asambleísta Sofía Espín, afín al correísmo, le hizo el pasado 24 de septiembre en un centro femenino de detención de Quito, sin autorización previa y sin registrarse en la entrada.
Falcón, informan medios locales, declaró por videoconferencia que la asambleísta, en proceso de sanción parlamentaria por esa visita, le ofreció dinero, asesoría legal y un posible asilo en Bélgica, donde reside actualmente el expresidente ecuatoriano.
A cambio, debía alterar su testimonio sobre el caso de secuestro de Fernando Balda, en el que ella participó, con el fin de no implicar a Correa.
Ahora colaboradora eficaz del caso, Falcón atribuye la orden de secuestro a instrucciones que llegaron directamente desde el Palacio de Carondelet.
Balda, que actúa en el expediente como acusación particular, pidió hoy que, si se confirma la acusación de la exagente, se lleve a juicio a la asambleísta.
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«De ser así se cometieron varios delitos graves que deben investigarse por parte de la Fiscalía y tomar acciones penales ya que evidentemente la asambleísta Espín, actuando como operadora de Rafael Correa, habría intentado cometer fraude procesal para generar impunidad a Correa», dijo el político conservador en un mensaje a los medios.
La interferencia en el proceso judicial contra el expresidente, que reside en Bélgica desde julio de 2017, podría a su juicio «acarrear el levantamiento de su inmunidad parlamentaria para ser procesada», así como «su eventual destitución».
«Ya que los hechos han sido públicos, hago un pedido de manera pública al fiscal general del Estado, Edwin Paúl Pérez Reina, para que inicie las acciones que correspondan con base a la ley», subrayó Balda.
El caso de secuestro del político conservador, que fue frustrado por la Policía colombiana al cabo de hora y media, está pendiente de resolución por parte de la jueza nacional Daniella Camacho, que tras haber escuchado a la acusación y a la defensa en una fase preliminar debe pronunciarse sobre si Correa, y otros tres presuntos implicados, deben ser llevados a juicio.
En una reciente entrevista con Efe, Espín negó que hubiera presionado a la testigo, y aseguró que acudió a la prisión, acompañada de una abogada, por razones humanitarias y dentro de sus competencias de fiscalización como asambleísta.
Sobre el porqué no quedó registrada su entrada en el centro penitenciario, argumenta que ella presentó su tarjeta de identificación pero que corresponde a los funcionarios hacer el registro. EFE
