El Ministerio de Educación a través de la Fiscalía y la Superintendencia de Control del poder de Mercado, investiga la concesión de más de 300 cupos educativos en escuelas fiscales públicas de Quito tras recibir varias denuncias.
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La Subsecretaría de Educación en Quito denunció a principios de semana la asignación irregular de cupos para varios centros emblemáticos de la capital ante la Fiscalía General del Estado.
«Efectivamente nosotros recibimos denuncias y en este tema de la inscripción de matrícula nos hemos aliado con la Superintendencia de Control del poder de Mercado, para que tengamos más canales de denuncia de los padres de familia a la venta de cupos», explicó a Efe el jueves la viceministra de Gestión Educativa, Mónica Reinoso.
La responsable del Ministerio de Educación recordó que los centros fiscales son gratuitos y por lo tanto, «no hay ningún tipo de pago o de exoneración que tengan que hacer los padres o madres de familia para obtener un cupo».
Reiteró que la concesión de plazas escolares se dan siguiendo un escrupuloso proceso de zonificación mediante el cual los tutores de los escolares deben ingresar en el sistema y formalizar su documentación y el Ministerio educativo asigna la unidad educativa en un perímetro de 2,5 kilómetros del domicilio.
En caso de que no existan cupos, el procedimiento pasa a la modalidad de las inscripciones continuas y se buscan sedes en otros distritos educativos cercanos o centros emblemáticos que funcionan como sedes zonales.
Sobre las irregularidades detectadas a raíz de denuncias presentadas por padres de escolares, Reinoso comentó: «Sabemos que son irregulares porque (la gestión) se hizo luego del horario establecido de las 19:00 de la noche».
Añadió que las investigaciones apuntan al pago de hasta 600 dólares por cupo.
Sobre las indagaciones realizadas hasta la fecha, precisó que Educación acudió a la Fiscalía, «porque necesitamos identificar quiénes son estas personas que han hecho esta venta de cupos».
Y que podría tratarse de funcionarios o personal contratado por el Ministerio por un plazo de tres meses para colaborar en el proceso de las inscripciones continuas.
«Pudo haber un mal uso de las claves del ingreso al sistema y por eso se da este tipo de anomalías en las inscripciones», con registros a horas de la madrugada, enfatizó.
La viceministra pidió la colaboración ciudadana para detectar las fallas así como a los infractores y subrayó que los responsables soportarán un proceso administrativo, que podría concluir con el cese de actividad, en paralelo al judicial.
Con información de EFE
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