El 30 de septiembre de 2010, en Quito, se desarrollaron altercados por las reivindicaciones salariales de agentes de la Policía, lo cual terminó en enfrentamientos que el Ejecutivo de entonces interpretó como intento de golpe de Estado.
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De acuerdo con un comunicado de la asociación de «Víctimas del 30S», se hará una la entrega formal del pedido al presidente del Consejo, Óscar Ayerve, en la que se solicita indagar a dichos empleados judiciales, así como a servidores públicos en todas las instituciones e instancias que colaboraron en sancionar y condenar a «inocentes por el 30S».
Rafael Correa, expresidente dijo haber estado secuestrado en el hospital de la Policía de Quito, hechos que la oposición consideró una excusa por parte del mandatario para abrir una caza de brujas contra cualquier foco de crítica, incluidos periodistas.
Tras estos enfrentamientos fueron condenados a prisión más de un centenar de agentes, aunque en el último año se declararon extintas las penas que pesaban sobre medio centenar de policías y uniformados, y se han producido amnistías en relación al caso.
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Comunicado
El documento que presentarán ante la Judicatura aporta un informe con indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado sobre la investigación de los hechos y el uso de fondos públicos de la Secretaría de Inteligencia, supuestamente para incriminar a los miembros de los aparatos de seguridad.
«Se estableció una premeditada manipulación de evidencias, falsos testigos, adulteración de documentos, empleo de fondos públicos para justificar nacional e internacionalmente una farsa integral de los hechos de un supuesto golpe de Estado y posteriores fraudes procesarle en contra de cientos de miembros de las Fuerzas Armadas, policías y civiles».
EFE
