Una estudiante de Brasil fue asesinada en Nicaragua tras recibir disparos de «un grupo de paramilitares» al sur de Managua, según lo informó el rector de la Universidad Americana (UAM), Ernesto Medina.
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El hecho ocurrió horas más tarde de que la joven participara en un foro en el que dijo que el crecimiento económico y la seguridad en Nicaragua antes del estallido social de abril contra el presidente Daniel Ortega «era parte de una farsa», porque «nunca hubo un plan que acabara con la pobreza y la injusticia».
Ante las declaraciones de Medina, la Policía de Nicaragua negó que un grupo de paramilitares haya causado la muerte de Rayneia Gabrielle Lima, quien estudiaba en sexto año de medicina.
«Un guardia de vigilancia privada, en circunstancias aún no determinadas, realizó disparos con arma de fuego, uno de los cuales le impactó, ocasionándole heridas», informó la Policía.
El rector de la UAM había señalado que «paramilitares que estaban en la casa de Chico (Francisco) López, fueron los que dispararon».
López es el tesorero del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y hasta hace poco era gerente de dos grandes empresas del Estado relacionadas con el petróleo y el sector construcción, que fue afectado con la Ley Global Magnitsky, de Estados Unidos, que lo señaló de graves violaciones a los Derechos Humanos.
El Gobierno de Brasil condenó la muerte de estudiante
El Gobierno brasileño exhortaron a las autoridades de Nicaragua a «identificar y castigar» a los responsables.
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«El Gobierno brasileño exhorta a las autoridades nicaragüenses a poner a disposición todos los esfuerzos necesarios para identificar y castigar a los responsables por el acto criminal», señala la nota del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El guardia está siendo investigado para el esclarecimiento del hecho»
Crisis en Nicaragua
El país se encuentra en una crisis sociopolítica por manifestaciones contra Ortega, cuya represión ha dejado más de 300 muertos.
Esta crisis sangrienta es la más fuerte desde la década de los años 1980, también con Ortega como presidente.
La CIDH, (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos responsabilizan al Gobierno de Nicaragua por «asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias».
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, empezaron el 18 de abril de 2018, cuando se exigía la renuncia del presidente después de once años en el poder por fallidas reformas de la seguridad social, además de ser acusado de abuso y corrupción.
EFE