Esta ley busca promover, regular y garantizar la plena vigencia, difusión y ejercicio de los derechos fundamentales de este sector de la sociedad. Los asambleístas destacaron que la normativa responde, no solo al texto constitucional, sino a las garantías establecidas mediante tratados y convenios internacionales suscritos por Ecuador, pues será un cuerpo legal que dará cabida al proceso de inclusión de los adultos mayores en educación, empleo y salud.
[Boletín] Optimismo y esperanza entre los adultos mayores por la aprobación de la #LeyAdultoMayor ▶ https://t.co/GNhrZkiMVe pic.twitter.com/2TeDQh3OWS
— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) July 19, 2018
Dentro de la ley también se estableció que los adultos que no tengan recursos económicos, tienen el derecho de solicitar una pensión de alimentos a sus hijos y nietos.
Aprobamos en @AsambleaEcuador la #LeyAdultoMayor, logramos incorporar la participación directa de los adultos mayores en el Ente Rector del Sistema Nacional Especializado de Protección Integral de Derechos. También aprobamos el derecho a la Pensión Alimenticia. pic.twitter.com/YaMUTwS7VC
— Guillermo Celi Santos (@GuillermoCeli) July 19, 2018
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Asimismo, el Estado garantizará el acceso permanente, gratuito y especializado a los servicios de la red de salud pública y privada, así como la prevención y tratamiento de enfermedades catastróficas y medicina gratuita, entre otros.
El segundo debate del proyecto de Ley del Adulto Mayor se dio con la presencia de representantes de organizaciones de jubilados y de adultos mayores de diversas provincias del país que desde las primeras horas de la mañana se concentraron en la sede de la Asamblea Nacional. Esta ley tiene como objetivo principal la protección y el cuidado a través de políticas públicas de las personas, hombres y mujeres que superen la edad de 65 años.
En el proyecto se establecen, entre otros beneficios para estas personas, la exoneración del 50 % del valor de la energía eléctrica, cuyo consumo mensual sea de hasta 138 KW/hora; del consumo mensual de agua potable hasta de 34 metros cúbicos y el 50 % de la tarifa básica residencial de un teléfono de propiedad del beneficiario en su domicilio.
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