Se trata del Equipo de Seguimiento Especial (ESE) conformado por la CIDH y que arribará al país para iniciar la investigación, solicitada por los familiares de las víctimas y apoyada por los Gobiernos de Ecuador y Colombia.
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Así lo revelaron hoy familiares de los trabajadores del rotativo en una rueda de prensa en la que también intervinieron representantes de la ecuatoriana Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), y la colombiana Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), parte del proceso como peticionarios.
Una delegación que integró a todos los actores mencionados regresó recientemente de Washington donde mantuvo encuentros con responsables de la CIDH, a los que trasladaron sus expectativas de poder esclarecer las circunstancias del secuestro de manera «transparente, oportuna y en todo nivel».
Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo Paúl Rivas, adelantó que las investigaciones de la CIDH ahondarán en la información clasificada sobre el contexto y circunstancias del secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico.
«Habrá una entrega absoluta por los dos estados de la información reservada que existe alrededor de este proceso» informó Rivas, quien destacó el «compromiso» de Ecuador y Colombia «de (entregar) la información que requiera la comisión».
El equipo fue secuestrado el 26 de marzo en una zona fronteriza con Colombia, a donde se desplazó para cubrir la inseguridad en la zona.
Poco después un grupo armado autodenominado «Oliver Sinisterra», disidente de las FARC, asumió la autoría del secuestro y posterior asesinato.
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Los familiares esperan que el nuevo Gobierno colombiano ponga en práctica los compromisos adquiridos.
Rivas subrayó a Efe que el proceso, que podría concluir con un borrador preliminar en septiembre en el marco de las reuniones de la DICH, antes de un informe final en diciembre sobre la cuestión, será vital para conocer las «responsabilidades de omisión o de acciones o inacciones que se dieron por parte de los dos Estados».
Por su parte, Yadira Aguagallo, pareja del fotógrafo asesinado, afirmó que el mecanismo «marca un precedente histórico» para investigar violaciones graves a la libertad de prensa, y que espera que por parte de Colombia «haya un compromiso de carácter aún más formal» que el trasladado verbalmente.
Bogotá tiene un plazo de siete días para pronunciarse de manera oficial y escrita una vez recibido el cronograma de trabajo por la CIDH.
EFE
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