«Es un tema muy grave y al Gobierno le preocupa, porque es muy grave pensar que un expresidente pueda haber estado vinculado en algo así», manifestó hoy a los medios el secretario particular de la Presidencia de la República, Juan Sebastián Roldán.
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La Fiscalía General del Estado anunció el lunes que había pedido la vinculación del expresidente en la investigación penal por el secuestro en Colombia del exlegislador Fernando Balda, en 2012.
El fiscal general, Paúl Pérez, argumentó que habían aparecido datos sobre la presunta participación de Correa en el secuestro de Balda, un político opositor al exmandatario, que denunció haber sido secuestrado por varios exfuncionarios de la inteligencia ecuatoriana, ya procesados por el mismo caso.
Sobre la solicitud para involucrar en la instrucción fiscal a Correa, Roldán enfatizó que «el Gobierno tiene absoluto respeto de lo que hacen las cortes, eso ha permitido que fiscales y jueces tomen decisiones difíciles».
Y es que la Fiscalía también solicitó ayer a la Asamblea Nacional (Parlamento) un pronunciamiento sobre si autoriza el enjuiciamiento penal a Rafael Correa.
La Cámara parlamentaria rechazó anoche pronunciarse sobre la cuestión, alegando que no lo haría hasta no recibir una orden judicial al respecto.
Correa, que gobernó Ecuador entre 2007 y 2017, reside actualmente en Bélgica, desde donde ha negado las inculpaciones y advertido de es objeto de una persecución política.
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En paralelo con el caso, hoy miembros bancada del grupo parlamentario denominado Revolución Ciudadana, escisión del oficialista Alianza País y afín a Correa, han comparecido antes los medios para dar su parecer y mostrado en la sede del legislativo pancartas de apoyo al expresidente.
«No se metan con Correa» o «Si es Correa es con todo el pueblo», eran algunas de las leyendas que figuraban en los carteles.
La asambleísta Marcela Aguiñaga, leal al antiguo mandatario, aseguró que la decisión de la Fiscalía respondía a una suerte de complot contra la patria.
«Nos quieren arrebatar la Patria, nos quieren ver sometidos, desunidos, sin esperanzas. ¡No lo vamos a permitir!, estaremos más unidos que nunca y con alegría, firmeza y en apego a la Ley defenderemos la verdad», declaró a los medios, según recoge la red social Twitter.
Urgió a la Asamblea a que reconsidere su decisión de no pronunciarse sobre la solicitud de la Fiscalía, labor dijo, que «corresponde al Pleno».
«Consideramos que el fuero de corte se mantiene y por lo tanto es evidente que le corresponde al Pleno de la Asamblea conocer sobre esta autorización», añadió.
El secuestro de Balda tuvo lugar en Colombia en 2012, caso por el que tres ecuatorianos fueron detenidos tras investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía de Ecuador, en coordinación con la Policía Nacional y con el apoyo e información de la Fiscalía de Colombia.
Balda denunció su secuestro en 2012, pero fue este año cuando la Fiscalía inició la investigación reservada y solicitó las primeras versiones.
Recientemente el Ejecutivo del presidente, Lenín Moreno, resolvió dar a conocer toda la información antes reservada relativa al caso como medida de esclarecimiento destinada a su posible resolución.
EFE
