El presidente de la Judicatura Gustavo Jalkh- cesado de sus funciones- reconoció haber cometido errores, pero que «nunca» vulneraron la ley.
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En una rueda de prensa, Jalkh explicó las circunstancias del recurso de revisión de la resolución adoptada por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio (Cpccs-T), presentada el 8 de junio para evitar su destitución. Además aseguró que las pruebas de descargo presentadas no fueron tomadas en cuenta.
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El pasado 4 de junio el Cpccs-T decidió suspender a las autoridades del Consejo de la Judicatura al considerar que no habían actuado de forma independiente y haber supuestamente influido en la designación de jueces.
Según el Cpccs-t, Gustavo Jalkh y lo otros cuatro vocales de la CJ tenían lazos de amistad con el Gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017).
Jalkh argumentó que la razón dada por el Cpccs-t fue que existió un supuesto conflicto de intereses por haber trabajado en el Ejecutivo. Lamentó que no se hayan «evaluado por sus acciones» a los miembros ahora cesados de la Judicatura.
Además, el funcionario dio detalles del trabajo realizado por el CJ y recalcó que gracias a su gestión se ahorraron 47 millones de dólares por conciliaciones y mediaciones, lo que significa que se incrementaron los acuerdos fuera de tribunales.
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Asimismo destacó que los tiempos procesales se redujeron, y que más de 300 jueces de paz trabajan hoy en día en las cortes ecuatorianas.
«El 14 por ciento de las audiencias se realiza por vídeoconferencia», manifestó, al aducir que la medida deja millones de dólares de ahorro y permite cumplir con los tiempos procesales.
Jalkh calificó el trabajo del CJ como «admirable» y se mostró satisfecho por los servicios brindados a los ciudadanos.
