Juez suspende la explotación minera en Río Blanco

La Corte Provincial de justicia de Azuay encabezada por el juez Paúl Serrano aceptó la adopción de medidas cautelares que paralizan el proyecto conocido como Río Blanco.

Por Anna Longares

Un juez de la corte de la provincia de Azuay,  emitió  un fallo histórico a favor de las comunidades afectadas por una explotación minera, informó la fundación ecologista Pachamama.

De acuerdo a un comunicado del Cabildo Popular por el Agua de Cuenca, cantón donde se ubica la explotación de yacimientos de oro, la Corte Provincial de justicia de Azuay encabezada por el juez Paúl Serrano aceptó la adopción de medidas cautelares que paralizan el proyecto conocido como Río Blanco.

Expertos en legislación minera subrayan que no se había producido una sentencia de estas características en más de una década a favor de los derechos de los pobladores afectados por minería en cumplimiento del texto constitucional de Montecristi de 2008.

La nota, de la que da cuenta la fundación Pachamama, apunta que la resolución judicial implica la inmediata suspensión de la explotación y la salida automática de la parroquia de Molleturo, donde se ubica la concesión, de efectivos militares y policiales.

El dictamen reconoce asimismo la vulneración del derecho fundamental a consulta de las comunidades residentes en Molleturo, que se habían manifestado recientemente contra la explotación, aduciendo que contaminaba el agua de la zona.

La resolución judicial será enviada a la Defensoría del Pueblo, que deberá velar por el preceptivo seguimiento y cumplimiento de la sentencia.

La medida ha sido acogida por beneplácito tanto por los lugareños afectados por las obras, como por asociaciones ecologistas e indígenas, que en redes sociales han subrayado su importancia en la protección "del agua natural de los páramos para generaciones futuras" y calificado como "día histórico en la defensa de la naturaleza para el Ecuador" el de la resolución.

En los últimos meses se produjeron varias concentraciones en la zona protagonizadas por comuneros de Molleturo y Río Blanco, que reclamaban la salida de la empresa china Ecuagoldmining, a la que acusaban de provocar contaminación de fuentes hídricas y otras consecuencias para el medioambiente a raíz de la explotación, que comprende una superficie de más de 5,7 hectáreas. EFE

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