El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, corre el riesgo de que Ecuador deje de otorgarle protección en su embajada en Londres si recibe «presiones», declaró a Efe la abogada de su equipo legal Melinda Taylor, que cree que en ese caso se iniciaría un proceso de extradición a Estados Unidos.
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«En términos legales, Ecuador ha reconocido el derecho de Assange al asilo, por lo que no puede pedirle que abandone la embajada sin haber obtenido antes garantías de que el Reino Unido mantendrá ese derecho, o bien de que asegurará su protección contra una entrega a Estados Unidos», indicó la letrada.
«Políticamente, sin embargo, siempre existe el riesgo de que Ecuador rompa sus obligaciones legales y deberes con Assange si se ve sometido a presiones significativas», puntualizó Taylor.
Las opiniones que ha expresado el australiano sobre la situación en Cataluña y sobre las relaciones entre el Reino Unido y Rusia han enturbiado su relación con las autoridades ecuatorianas, que a finales de marzo restringieron sus comunicaciones y su régimen de visitas en la embajada.
A pesar de esas tensiones, Taylor espera que «a la luz del duradero compromiso de Ecuador con la noción de asilo político bajo la ley internacional», el «respeto por los principios de los derechos humanos fundamentales prevalecerá».
Para la abogada, si algún gobierno ha presionado a Quito para que tome medidas contra el activista, se trataría de «un preocupante ataque contra la libertad de expresión» de su cliente.
Assange se refugió en la legación ecuatoriana de la capital británica en junio de 2012 para evitar ser entregado a Suecia, que le reclamaba por diversos delitos sexuales.
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Estocolmo retiró esas acusaciones el año pasado, pero la justicia británica continúa exigiendo que se presente ante un tribunal por haber vulnerado los términos de su libertad condicional cuando se encerró en la embajada.
Assange teme que una vez esté en manos de la justicia del Reino Unido, Washington pida su extradición «de forma inmediata» para responder por la filtración a partir de 2010 de miles de documentos clasificados relacionados con operaciones militares en Afganistán e Irak, así como de miles de cables diplomáticos confidenciales.
«Allí se enfrentaría a un proceso manifiestamente injusto e inconstitucional, bajo la Ley de Espionaje, en relación a actividades de publicación que están protegidas», dijo Taylor.
«El tratamiento que probablemente recibiría una vez allí lo podemos anticipar con el régimen al que sometieron a una de sus supuestas fuentes, Chelsea Manning, que fue retenido en aislamiento prolongado en diversas etapas del proceso contra él», agregó.
El Gobierno ecuatoriano suspendió en marzo de forma indefinida todos los «sistemas que permiten a Assange comunicarse con el exterior», al considerar que «violó el compromiso» de «no emitir mensajes que supusieran una injerencia en relación a otros Estados».
La relación del australiano con el Ejecutivo ecuatoriano volvió a cobrar protagonismo este mes, cuando el diario británico «The Guardian» reveló que Quito contrató a agentes encubiertos para vigilar a los visitantes de Assange en la embajada y al personal de la legación.
Esos espías mantenían un pormenorizado diario sobre las actividades cotidianas del fundador de WikiLeaks que incluía detalles como su estado de ánimo, las cartas y regalos que recibía, y las personas con las que conversaba, según el periódico.
«Esa información proviene supuestamente de una firma de seguridad privada española que fue contratada por los servicios de inteligencia ecuatorianos», afirmó Taylor, que considera que los datos divulgados por «The Guardian» contienen «una mezcla de verdad y de información que se puede demostrar que es incorrecta».
«Como miembro de su equipo de abogados, me preocupa considerablemente que se vigilaran reuniones de contenido legal protegidas, así como el hecho de que detalles sobre sus contactos confidenciales se hayan distribuido a diversos medios de comunicación», argumentó.
Para Taylor, «el grado de vigilancia sin supervisión judicial que se le ha impuesto a Assange y a sus abogados solo sirve para subrayar que su situación es, en muchos aspectos, mucho peor que la de un prisionero». EFE
