“El costo para el Estado ecuatoriano por cada interno está entre 400 a 500 dólares mensuales; hay detenidos por un perjuicio que no supera los 2.000 dólares, sentenciados a seis años”, destacó la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, ante la Comisión del área de la Asamblea Nacional, al explicar la política de rehabilitación social que se aplica en el país.
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Ante esto, se mostró partidaria de dictar una ley de prevención del delito, que permitiría disminuir la población carcelaria.
La ministra dijo que una alternativa es la revisión de las sanciones previstas en el Código Orgánico Integral Penal, de manera que determinados delitos tengan medidas sancionatorias que no necesariamente signifiquen la privación de libertad, ya que todavía existen condiciones de hacinamiento que llegan al 37.6%.
Estadísticas:
Según datos de esta cartera de Estado, al momento existen más de 37 mil personas privadas de libertad en los centros de rehabilitación social del país, con apenas mil quinientos agentes penitenciarios para garantizar su atención y resguardo.
La mayor cantidad de detenidos corresponden a delitos relacionados con sustancias ilícitas (28%), por robo (23%) y delitos contra la vida (15%).
Sin embargo, mencionó que desde 2016 a la fecha, la población carcelaria bajó del 42% al 37% a nivel nacional.
Por otra parte, la titular del Ministerio de Justicia informó que se avanza en el proceso de repatriación de personas privadas de libertad de nacionalidad colombiana (hay un total de 2.033). Sin embargo, se trata de una decisión voluntaria que la deben tomar los propios beneficiarios de esta medida.
Entre tanto, Marcela Aguiñaga, presidenta de la Comisión, propuso que los miembros de la mesa efectúen un recorrido por algunos de los centros de rehabilitación con el objetivo de conocer y analizar la realidad que se vive en los centros penitenciarios.
Fuente: Andes
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