A través del Decreto 372, firmado este 20 de abril, se declara como política de Estado la mejora regulatoria y la simplificación administrativa de trámites a fin de asegurar una adecuada gestión gubernamental.
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Esto, con el fin de mejorar el clima de negocios, reducir los costos, eliminación de la burocracia y cargas burocráticas innecesarias, así como mejorar la prestación de servicios.
Según el decreto, las entidades de la Administración Pública Central, Institucional, y entidades de la Función Ejecutiva están obligadas a implementar estos procesos, que implican:
- Simplificar los procedimientos administrativos y reducir al mínimo los requisitos.
- Suprimir trámites, requisitos y procedimientos innecesarios y redundantes, que hacen menos eficiente e funcionamiento de la Administración Pública.
- Implementar el uso progresivo de herramientas tecnológicas.
Incluso, el decreto indica que si una institución pública requiere implementar un nuevo trámite, éste debe justificarse con un análisis técnico y jurídico.
Además, el documento indica la creación de un Comité Interinstitucional de Política Regulatoria y Simplificación de Trámites. En 90 días, este organismo deberá emitir las normas técnicas para este proceso.