Hoy, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el Proyecto de Resolución Solidaridad con la Frontera Norte. Entre otros puntos, declara como actos terroristas a los hechos suscitados desde la madrugada del 27 de enero, cuando un explosivo detonó en la Unidad Policial de San Lorenzo.
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Desde esa fecha y de manera sucesiva se registran otros actos que hasta el momento dejan 4 militares muertos, tres secuestrados, cientos de desplazados y decenas de viviendas destrozadas.
El legislador Fabricio Villamar aseguró que es un error calificar a los sucesos ocurridos en la provincia de Esmeraldas como actos de delincuencia común, pues según explicó se trata de terroristas. “Si no lo entendemos así será imposible pedir ayuda a otros países, pues este es un problema regional”, dijo Villamar.
Roberta Zambrano, asambleísta por la provincia de Esmeraldas, de forma detallada, analizó la situación de los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo. Aseguró que el conflicto avanza hasta la zona centro de la provincia, con la explosión de un artefacto en el puente El Viche, en Quinindé. Para la legisladora existen serios problemas que se profundizan con la declaración de Estado de Excepción, pues el sector comercial no puede trabajar de manera normal.
Durante el debate, varios de los parlamentarios hicieron una radiografía por la situación que atraviesan los habitantes de Esmeraldas, por lo que pidieron que se incluya en la resolución que se ejecuten procesos de reestructuración de las deudas que tienen los agricultores y se suspendan los procesos de coactiva. Además, hay un consenso generalizado en la necesidad de que regrese a la mesa de análisis el proyecto de ley de Desarrollo Fronterizo.
Puntos de la resolución
Dentro del proyecto consta el pedir al Gobierno Nacional y sumarse a los esfuerzos para recuperar a los secuestrados sanos y salvos. Además, instan a que las instituciones que deben brindar seguridad puedan proponer leyes o reformas para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Rechazan todo delito y acto de violencia en la frontera. También apoyan las acciones del Gobierno Nacional para garantizar la paz de los habitantes de las zonas afectadas. Finalmente, se generarán acciones legislativas que mejoren el marco normativo para garantizar la paz de los habitantes de las zonas afectadas por el conflicto.
