La asambleísta por el Partido Social Cristiano (PSC) Cristina Reyes pidió hoy a la Fiscalía iniciar una investigación previa y medidas cautelares contra el expresidente Rafael Correa.
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En su cuenta de Twitter, Reyes escribió que: «El informe de la Contraloría es contundente», y que la Fiscalía «debe actuar inmediatamente para que la irresponsabilidad en el manejo de la deuda pública por parte del expresidente Rafael Correa se sancione pronto y con firmeza».
El pronunciamiento de Reyes se da luego de que el contralor subrogante de Ecuador, Pablo Celi, revelara el informe final de un examen especial sobre la legalidad, fuentes y uso de la deuda pública, en el que se mencionan indicios de responsabilidad penal contra varios exfuncionarios, entre ellos Correa.
Según un comunicado de Contraloría, Celi informó de que producto de esta acción de control «se predeterminaron responsabilidades administrativas de multa y destitución, así como un informe con indicios de responsabilidad penal, para varios funcionarios que participaron de la deuda pública en los periodos de enero del año 2012 al 24 de mayo del 2017», preciso.
Entre las irregularidades presentadas el equipo de auditoría detalló que, mediante tres resoluciones ministeriales, se declaró «secreta y reservada» la documentación de operaciones de endeudamiento, indicó el comunicado de Contraloría.
El documento de Reyes
Reyes compartió un documento en la red social dirigido al fiscal Carlos Baca Mancheno: “Una vez que hoy 9 de abril de 2018, la Contraloría General del Estado ha presentado públicamente su informe sobre la deuda pública en los períodos de enero del año 2012 al 24 de mayo del 2017 y ha determinado indicios de responsabilidad penal contra Rafael Correa Delgado, expresidente de la República, sus exministros Patricio Rivera Yánes y Fausto Herrera Nicolalde, entre otros…».
«Corresponde a esta Fiscalía General del Estado iniciar inmediatamente la correspondiente investigación previa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31, 39 y 65 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y Adoptar las medidas cautelares pertinentes, en defensa de los intereses del Estado», finaliza.
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