La defensa de Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a 12 años de cárcel por corrupción, consideró hoy que la orden de prisión decretada contra el expresidente brasileño es una «decisión arbitraria».
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El abogado de Lula, Cristiano Zanin, argumentó que la decisión del juez Sergio Moro de decretar su arresto y posterior ingreso en prisión para cumplir una condena de 12 años es contraria a la legislación brasileña ya que, a su juicio, aún no se han agotado todos los recursos en segunda instancia.
«Están contrariando la propia decisión del tribunal del día 24 (de enero), cuando los tres magistrados determinaron que la prisión solo podría acontecer después de agotada toda la tramitación en segunda instancia. Estamos dentro de plazo», dijo el abogado en declaraciones al diario Folha de Sao Paulo.
Lula, que gobernó Brasil entre 2003 y 2010 y aparecía como favorito en las encuestas para las elecciones presidenciales del próximo octubre, fue condenado en enero pasado a 12 años de prisión por el Tribunal Regional Federal de la 4 Región por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero.
El líder del Partido de los Trabajadores (PT) tenía de plazo hasta el próximo martes para presentar un último recurso ante ese tribunal con objeto de evitar su encarcelamiento, pero el proceso se se ha precipitado después de que la Corte Suprema rechazara esta madrugada un «habeas corpus» de la defensa para evitar el ingreso en prisión de Lula.
El tribunal de apelación que le condenó en enero mandó hace unas horas un oficio en el que autorizó al juez federal Sergio Moro a decretar la prisión de Lula.
De inmediato, Moro, encargado de las investigaciones del caso Petrobras que derivó en la condena de Lula, decretó el ingreso en prisión del presidente más popular de la historia de Brasil y le concedió un margen de un día para entregarse.
El magistrado permitió en su auto que Lula se presente voluntariamente a la Policía Federal de Curitiba, en el sur del país, en un plazo máximo de 24 horas, que se cumplirán a las 20.00 GMT del viernes.
El proceso por el que fue condenado el antiguo dirigente sindical, uno de los siete que enfrenta en la Justicia, se refiere a la supuesta cesión de un apartamento en un balneario paulista de parte de OAS, empresa implicada en el escándalo en Petrobras. EFE
