Ante la mesa de Justicia de la Asamblea Nacional, el Defensor Público General, Ernesto Pazmiño, fue enfático una vez más: “el Ecuador debe despenalizar el aborto al menos cuando el embarazo es producto de una violación”.
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En una exposición de más de 30 minutos, el Defensor Público General defendió la no criminalización a las mujeres que toman la decisión de abortar luego de un delito sexual, considerando que este delito atenta a la dignidad y violenta el derecho constitucional de las mujeres de decidir cuándo y cuántos hijos tener.
Recordó que en el 2008, el Comité contra la Tortura ya señaló que obligar a una mujer a tener un hijo fruto de una violación es “reproducir su victimización e infligirle daños sicológicos y morales que configuran un trato cruel, inhumano y degradante”. Además, en 2015, la Convención sobre la Eliminación de todo tipo de Discriminación (CEDAW) recomendó al Estado ecuatoriano despenalizar el aborto en casos de violación.
Sobre la base de la presentación que la sociedad civil hizo en Bogotá, el 28 de febrero pasado, Ernesto Pazmiño informó a la Comisión de Justicia que entre el 2013 y 2016 se registraron 243 procesos penales por aborto, según datos proporcionados por la Fiscalía, que sumados a la información recabada de la Judicatura y de la Defensoría Pública, llegarían a 323 casos de mujeres enjuiciadas. De esta cifra, el 100 por ciento de procesadas son pobres, el 69 por ciento está entre los 14 y 19 años de edad; y un 40 por ciento es afrodescendiente. Y la estadística no se queda ahí, el Defensor Público General recordó que “más de 800 menores de edad fueron violados en planteles educativos y hubo 25 400 embarazos no intencionados de adolescentes”.
Ecuador es uno de los pocos países del continente que penaliza el aborto por violación, en América del Sur solo Perú, Paraguay y Venezuela mantienen esta prohibición, pero el resto de América ha comprendido que no se puede criminalizar a las mujeres cuando deciden no tener el fruto de una violación.
También mencionó los datos entregados por la ministra de Salud, Verónica Espinosa, en la comisión AAPETRA de la Asamblea Nacional, en el que indicó que entre el 2013 y 2016, 8677 personas agredidas de violencia sexual abortaron, de estas 1574 fueron menores de 14 años.
Para la aplicación de la despenalización del aborto, Ernesto Pazmiño sugirió que se considere el protocolo que se aplica en Argentina, en donde “con solo la declaración juramentada de la víctima de violación sexual se viabiliza el aborto, porque a la mujer hay que creerle”. Además, precisó que debe ser aplicable independientemente de la edad de la mujer abusada sexualmente.
Finalmente, ante la inquietud de la asambleísta Lira Villalba, de cómo la Defensoría Pública está preparada para tratar el tema, Ernesto Pazmiño explicó que se creó una unidad especializada en defensa de las víctimas de la violencia de género y se capacita permanentemente a los defensores públicos.
