El contralor Pablo Celi afirmó no conocer el documento reservado supuestamente emitido por la Contraloría y que fue entregado por el presidente de la Asamblea, José Serrano, a la fiscal subrogante Thania Moreno, y que se refiere a los gastos de la Comisión del 30S, que la integró el actual fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno.
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El titular de la Contraloría dijo que este miércoles solicitó formalmente por vía legal a Moreno, que le informe la procedencia de dicho documento, «pues que de existir situaciones de orden ilegal o que puedan configurar delitos contra el Estado, estos sean adecuadamente judicializados».
Explicó que se hizo una búsqueda al interior de la institución de esos informes, sin resultados, y que la auditoría a los gastos reservados de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), por supuestos pagos indebidos, está en proceso.
También informó sobre un nuevo examen especial.
El oficio dirigido a Moreno señala que, «con fundamento en las competencias constitucionales y legales que asignan al Contralor General del Estado el control de la utilización de los recursos públicos, entre ellos, los de gastos especiales, inicié un examen especial a los procesos y procedimientos de rendición de cuentas por parte de la Secretaría Nacional de Inteligencia, y su juzgamiento, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 24 de mayo de 2017».
Las declaraciones de Celi se dieron en el marco de la rendición de cuentas de la entidad que dirige.
Indicó de 1.912 informes en los que se predeterminaron responsabilidades civiles por $ 1.150 millones, constan en 1.225 glosas y órdenes de reintegro que están en proceso, además, se emitieron 186 informes de posibles delitos contra administración pública.
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Recordó que hicieron examen por la eliminación de la deuda del IESS en los registros contables, al haberse hecho al margen de la ley perjudicando al Estado; por eso, la sanción fue la destitución del director del organismo.
Celi indicó que está próximo a emitir el informe final de la auditoría a la deuda pública, que se encuentra en fase de notificación a funcionarios responsables y analizando temas de levantamiento de información reservada. Además, dijo, están en proceso otras 297 auditorías.
Fuente: El Telégrafo
