La Ley de Comunicación de Ecuador, en vigor desde 2013, será sometida a un «proceso de diálogo» nacional con el que el jefe de Estado, Lenín Moreno, quiere reformar una de las legislaciones más polémicas y emblemáticas del correísmo.
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Marcada por la controversia, la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) cumplirá en junio próximo su quinto año en vigor en un ambiente de expectativa por el rumbo que tome en la administración de Moreno, en el poder desde mayo pasado.
Ello porque Moreno, excorreligionario y sucesor de Rafael Correa, gobierna con la bandera de la apertura al diálogo y del respeto a la libertad de expresión, aspectos que la oposición echaba en falta durante la década en que gobernó el expresidente, aunque él rechazaba esas acusaciones.
Precisamente Correa (2007-2017) impulsó la normativa bajo el argumento de que se necesitaba una ley que regulara lo que él calificaba de «abusos» de un sector de la prensa -en su opinión- dominado por las oligarquías tradicionales y el capital.
El asunto dividió a la sociedad entre quienes veían en la normativa un instrumento efectivo para hacer respetar sus derechos ante el poder de los medios de comunicación y los sectores que la catalogaron como una «ley mordaza».
Discusiones aparte, la mano tendida de Moreno desde el inicio de su administración, que se extenderá hasta el 2021, ha tocado también a la polémica LOC al punto de que en su primera rueda de prensa como titular de la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom), Andrés Michelena dijo el pasado miércoles que el Gobierno profundizará un proceso de diálogo para elaborar reformas a la polémica Ley.
Una normativa que la presidenta de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), Guadalupe Fierro, dice, sin medias tintas, que «tiene que ser derogada».
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Ello, porque considera que la LOC es «un atentado contra la libertad de expresión y contra las libertades de la ciudadanía para ejercer un derecho humano fundamental».
No obstante, la Superintendencia de Comunicación (Supercom) defiende la LOC asegurando que con ella se propicia más protección a los menores, democratiza la palabra permitiendo un acceso a todos los sectores de la sociedad, se garantiza el secreto de las comunicaciones personales y se defiende la inclusión y la producción intercultural, entre otros asuntos.
Mientras la Supercom insiste en que la regulación busca defender la libertad de expresión de los ciudadanos y de las comunidades, Fierro rechaza que en la LOC se haya definido a la comunicación como un servicio público pues cree que lleva a «expropiar un derecho que pertenece a las personas para pasarlo a la tutela del Estado».
Y ese es otro de los argumentos por los que considera que «hacer remiendos, parches a ese esquema, sólo conduciría a mayores problemas» e insiste en su eliminación.
Fierro dice a Efe que apuesta por la construcción de una nueva ley, que esté de acuerdo con normativas y estándares internacionales, en la que, por ejemplo, se especifique que los problemas que se desarrollan en torno al derecho de la comunicación «no deben caer en el ámbito del derecho penal sino del civil. Esto es lo que ocurre con las democracias modernas», anota.
Las conversaciones anunciadas por el Gobierno tienen camino avanzado pues agrupaciones, entre ellas la UNP, han presentado ya propuestas para una nueva regulación y el propio Michelena indicó que se reforzará el diálogo que han mantenido los funcionarios de la institución que ahora dirige con diversos sectores.
Aunque Moreno no ha marcado fechas para la reforma, Michelena ha subrayado que es un programa que se debe realizar «de forma acelerada».
Su talante durante su primera rueda de prensa al frente de la Secom refleja la política de apertura de Moreno: «Es el momento oportuno para emprender con todos ustedes, medios de comunicación, un proceso de transformación en el tema de la Ley de comunicación», dijo y ofreció «apertura total» desde la Secom hacia la prensa.
Fierro saluda que la apertura de Moreno al diálogo haya «disminuido la presión» sobre el ejercicio profesional del periodismo pero sostiene que eso «no es una garantía», por lo que reivindica la necesidad de una legislación que sobrepase lo coyuntural, y se proyecte para que, también a futuro, afiance la democracia y los derechos humanos de todos los ciudadanos.
Fuente:EFE
