La canciller ecuatoriana, María Fernanda Espinosa, viajó hoy a Costa Rica, sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), para defender la consulta popular del pasado domingo y evitar una eventual sanción al Estado ante una polémica por una de las preguntas del referéndum.
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Fuentes oficiales confirmaron a Efe que la ministra viajó esta mañana desde el aeropuerto Mariscal Sucre, de la capital ecuatoriana, Quito.
En una rueda de prensa anoche, la canciller dijo que en el viaje estaría acompañada por la ministra de Justicia, Rosana Alvarado; el secretario de la Política, Miguel Carvajal; el procurador (abogado del Estado) en funciones, Rafael Parreño; la secretaria jurídica de la Presidencia, Johana Pesántez, y el presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), José Serrano.
En las declaraciones a la prensa, rechazó el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que pide medidas preventivas que evitarían la destitución de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
En la pregunta 3 -de siete- de la consulta, el Gobierno de Lenín Moreno propuso, y logró el respaldo popular, para una reestructuración del CPCCS, que implica la eventual destitución de los actuales miembros y la creación de un consejo transitorio.
Por ello, la CIDH, con sede en Washington, solicitó a la CorteIDH que adopte medidas provisionales en favor de los miembros del CPCCS.
En San José «seremos recibidos por el presidente de la Corte» (el mexicano Eduardo Ferrer Mac-Gregor), al que se entregará un documento de argumentación jurídica preparada por la Procuraduría del Estado, señaló Espinosa y aclaró que no se trata de la audiencia del tribunal para tratar el caso.
Todo esto forma parte de una «estrategia de respuesta contundente frente a la actuación de la CIDH» que busca «defender la consulta popular, proteger nuestra Constitución, nuestra soberanía, el estado de derecho y la democracia en Ecuador», subrayó Espinosa. EFE
