El procurador general del Estado ecuatoriano, Diego García, renunció hoy al cargo después de 10 años para poder dedicarse a su familia y a sus «objetivos personales», dijeron a Efe fuentes de ese organismo público.
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García dijo hoy que tomaba la decisión de forma «voluntaria» y que lo hacía pensando en sus «carrera personal» y sus «objetivos personales» y en los de su familia.
La renuncia la hace en la convicción de que estos últimos diez años ha conseguido crear con el resto de su equipo y funcionarios una «institución lo suficientemente fuerte y lo suficientemente consolidada para seguir adelante en este momento de transición».
El procurador reunió hoy a sus funcionarios en Quito para comunicarles que tenía la intención de devolver el cargo tanto al Consejo de Participación Ciudadana, que le designó, como a la Asamblea Nacional, que le posesionó por ultima vez en 2015.
A sus funcionarios les comunicó que estaba convencido de que «no se van a descuidar los objetivos de la defensa del Estado» y que para él era una satisfacción haber servido al país.
Y que devolvía, tras diez años, «una institución en perfecto funcionamiento».
Poco después, en una rueda de prensa en la que anunció públicamente la renuncia, García aseguró que el caso Odebrecht está aún «en etapa inicial» y adelantó que ayer envió a la Asamblea Nacional la información actualizada sobre los casos que se sigue en materia de corrupción.
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Especialmente, puntualizó, un «detalle completo» del caso Odebrecht en el que ha sido sentenciado, en primera instancia, el exvicepresidente, Jorge Glas, a seis años de prisión.
«Hemos llegado a una sentencia con una reparación», recordó al recalcar que «esto va a continuar adelante» antes de asegurar que la Procuraduría está preparada y tiene un plan para hacer frente a todos los casos pendientes.
García, que subrayó que su renuncia es «irrevocable» y que desde hoy ya no ejerce el cargo, señaló que transitoriamente lo reemplazará el procurador subrogante, Rafael Parreño.
Recalcó que habrá una transición en «perfecto orden hacia la continuación de una defensa técnica de los intereses del Estado».
A su juicio, desde 2008 la Procuraduría ha enfrentado «con éxito» y obtenido «importantes resultados en materia de arbitraje de inversiones, defensa que le permitió evitar el pago del 83 % de los valores reclamados por los inversionistas en medio de un sistema de Solución de Controversias de Inversión que hoy es cuestionado a nivel mundial».
Como muestra del trabajo coordinado entre instituciones, indicó que la Procuraduría «ha liderado el proceso de salida» de Ecuador de la lista de países con deficiencias estratégicas en la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo hecha por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
«En cuanto a la defensa del Estado en jurisdicción nacional, los resultados obtenidos son 7 de cada 10 sentencias favorables al Estado ecuatoriano a lo largo de 10 años», afirma la Procuraduría en un comunicado en la que no se detallan montos.
En un resumen de sus iniciativas señaló que la Procuraduría también ha liderado desde lo jurídico, una posición crítica frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Doctor en Jurisprudencia por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, García comenzó su ejercicio profesional como miembro de un estudio jurídico, e inició su carrera en la función pública como Jefe del Departamento Legal de la Autoridad Portuaria de Guayaquil.
EFE
