Las principales organizaciones indígenas y ecologistas de Ecuador se movilizaron hoy en Quito para pedir el fin de la actividad de exploración y explotación minera y que el presidente Lenín Moreno cumpla su compromiso de no otorgar más concesiones.
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Alrededor de 300 representantes de delegaciones de cuatro provincias afectadas por los proyectos mineros iniciaron un recorrido que partió de un céntrico parque de la capital, para dirigirse a la Contraloría General del Estado y al Palacio presidencial de Carondelet, donde tenían previsto entregar sus demandas.
«Tenemos tres grandes objetivos: el primero, que se respete y constituya un acuerdo tras las declaraciones del presidente el 11 de diciembre, cuando dijo en una reunión con el movimiento indígena que no iba a haber más concesiones mineras y se revisarían las actuales», explicó a Efe Braulio Gutiérrez, del grupo Acción Minera.
De acuerdo al representante de esta ONG ecologista, el Catastro Minero a fecha del pasado 3 de enero recoge en contra de la promesa presidencial, que se han aceptado aproximadamente 70.000 hectáreas en concesiones a diferentes proyectos mineros.
La segunda exigencia por parte de las comunidades indígenas, organizaciones de la sociedad civil y verdes va dirigida a la Contraloría, donde presentaron unos expedientes de seis grandes proyectos mineros, al que se suma el de Cascabel, que si bien no está incluido dentro de los estratégicos, se encuentra en proceso de explotación, refirió la fuente.
Dicho proyecto, junto al de Llurimagua, se encuentra en la provincia de Imbabura; Río Blanco y Loma Larga en Azuay; Panantza-San Carlos en Morona Santiago, y Mirador y Fruta del Norte en Zamora Chinchipe, enumera un comunicado de los convocantes.
Según los denunciantes, han provocado «graves violaciones de los derechos humanos y la naturaleza, que van desde contaminación del agua hasta agresiones, desplazamiento forzosos y asesinato».
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Por último, y a raíz de que consideran que se han incumplido las promesas del jefe del Ejecutivo, «se va a exigir una auditoría y veeduría ambiental de los proyectos y la renuncia del ministro de Minería, Javier Córdova, porque está dando títulos mineros», afirmó el representante de Acción Ecológica.
Los grupos participantes en la marcha argumentan para su convocatoria que «alrededor del 15 por ciento del país está concesionado para la extracción minera».
Y urgen a frenar el fenómeno especialmente porque el próximo referéndum previsto para el 4 de febrero, «en su pregunta 5 hace alusión a prohibir la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos».
En este sentido, se plantean qué sucederá a partir de entonces y llaman a detener la entrega de más concesiones mineras e iniciar un proceso de revisión de las ya otorgadas, al tiempo que piden a la ciudadanía estar vigilante tras la consulta popular.
«A diez años de que los derechos de la naturaleza sean constitucionales seguimos enfrentándonos a las obsesiones de la extracción minera, que destruirá el patrimonio natural de Ecuador», señala el comunicado. EFE
