El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó a dos empresas que podrán realizar encuestas a boca de urna y a cinco para hacer pronósticos electorales en la consulta popular y referéndum, previstos en Ecuador el próximo 4 de febrero.
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El Instituto de Estudios Sociales y de la Opinión Pública (IESOP) y el Centro de Investigaciones y Estudios Especializados CENTROINVEST CIA. LTDA podrán inquirir a la ciudadanía tras ejercer su voto en las afueras de los recintos electorales.
En tanto, las podrán elaborar pronósticos respecto a los resultados de esta votación OPECUADOR Estudios Sociales y Políticos S.A; el IESOP; EUREKNOW S.A; PERFOPIS Perfiles de Opinión CIA. LTDA, y el Centro de Investigaciones y Estudios Especializados CENTROINVEST CIA. LTDA.
El pleno del CNE determinó esto sobre la base de las solicitudes de inscripción y registro de personas naturales jurídicas que expresaron su deseo de realizar esta labor.
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Por otra parte, se informó que la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-WEB, por sus siglas en inglés) y la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), enviarán misiones de observación electoral al proceso previsto en este país andino.
Además, serán acreditados para esa función el cuerpo diplomático que cumple misión en Ecuador, catedráticos, autoridades y representantes de organismos electorales, mientras a escala nacional estarán participando como observadores representantes de 793 organizaciones políticas y sociales.
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Un total de 13 millones 26 mil 598 ecuatorianos están habilitados para ejercer su derecho en las urnas, los que deberán pronunciarse sobre siete preguntas.
Los temas por cada una de las preguntas versan sobre la eliminación de la minería metálica, de la Ley de Plusvalía y de la llamada reelección indefinida; además sobre la ampliación de la zona intangible del Yasuní y la reducción del área de explotación; la no prescripción de los delitos sexuales contra menores, la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y sobre la llamada ‘muerte civil’ para que los sancionados por corrupción no puedan ocupar cargos públicos y de elección popular.
Fuente: Andes
