Tania Pauker, Edwin Jarrín y Sonia Vera, integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), exigieron al Gobierno que atienda el pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la ausencia de un dictamen previo de constitucionalidad de la Consulta Popular.
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La CIDH manifiesta su preocupación por la legitimidad de la consulta popular y los mecanismos legales y constitucionales para llevarla a cabo, por ello dio un plazo de 5 días a Gobierno de Ecuador para que entregue información sobre consulta popular.
Sonia Vera indicó que su llegada al CPCCS fue, a través de un concurso fue llevado a cabo por el actual CNE, es decir, «nosotros somos consejeros porque hemos cumplido con requisitos legales y constitucionales». Según dijo, funcionarios del Consejo transitorio estarían terminando las funciones en 2023. «Con la creación de ese Consejo se estarían violentando los derechos de participación de ciudadanía», mencionó.
Tania Pauker mencionó que se ha presentado un recurso ante la Corte Constitucional para presentar sus argumentos respecto a la pregunta 3. «La jueza ponente realiza una audiencia y ahí realizamos nuestros argumentos en defensa de la institucionalidad del Estado y en defensa de los derechos de participación», recalcó. Según Edwin Jarrín, vicepresidente del CPCCS, comentó que tan graves son los riesgos de la consulta popular para la democracia ecuatoriana «que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se preocupa por esta posible violación de derechos». «Demandamos una respuesta y pronunciamiento de esas inquietudes, que un organismo internacional, vigilante de los derechos humanos, como es el Sistema Interamericana lo tiene sobre la institucionalidad del Estado ecuatoriano, también responda el presidente de la Corte Constitucional que ha tenido un silencio cómplice ante la consulta popular y a la presidenta del CNE que emitió una resolución del pleno del CNE convocando a consulta popular sin dictamen de constitucionalidad», mencionó Jarrín. «La pregunta 3 afecta contra derechos humanos y estructura democrática de Estado ecuatoriano», indicó. Ecuador Inmediato
