El expresidente de Ecuador Rafael Correa cree que el actual presidente, Lenín Moreno, emitió un decreto para adelantar la consulta popular del 4 de febrero porque conocía las reservas de la Corte Constitucional a las preguntas 2 y 3, que consideró «inconstitucionales».
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En una entrevista con Efe en Quito, donde se encuentra hoy haciendo campaña por el no en la consulta y referendo promovidos por el Gobierno, Correa aseguró que se trata de un proceso «tramposo» en el que Moreno adaptó los plazos previstos por ley para eludir la decisión de la Corte Constitucional.
«Al enterarse de eso, Moreno dice unilateralmente que se acabó el plazo y convoca directamente a elecciones», afirmó al asegurar que su tramitación contiene «violaciones constitucionales graves».
Moreno anunció el 2 de octubre una consulta popular que incluía siete preguntas, cinco de ellas reformas a la Constitución, después de haber pedido a la ciudadanía que hiciera llegar sus inquietudes y mantenido reuniones con organizaciones sociales, políticas y de otra índole.
De acuerdo a una denuncia elevada a la Organización de Estados Americanos (OEA), Correa acusa al presidente de no esperar a que se cumplieran los plazos previstos para que la Corte Constitucional avalara la consulta.
Y hoy sugirió que el hecho de que medios de comunicación y redes sociales informaran de que una de las juezas que debía sustanciar la validación de las preguntas -previo paso a su aprobación-, expresara que algunas de ellas, en concreto las 2 y 3 podrían contravenir la Carta Magna, llevó a que se precipitaran los acontecimientos.
El mandatario informó el 29 de noviembre mediante dos decretos ejecutivos, el 229 y el 230, de la convocatoria al pueblo a la consulta popular, después de contar con el aval de la secretaria jurídica de la Presidencia de la República, Johana Pesántez.
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El plazo, según Correa, vencía el 7 de diciembre, y el 5 el Constitucional tenía previsto analizarlo el caso.
Los argumentos jurídicos de Moreno para justificar su decisión fueron que al no manifestarse la Constitucional sobre el asunto en el plazo de 20 días tras ser presentado a esa instancia, la legislación contempla que se puede interpretar ese silencio como una aprobación de facto, además de citar un precedente similar del año 2011.
Ese mismo día, el Consejo Nacional Electoral, con una nueva directiva, Nubia Villacís, aceptó de conformidad los decretos y anunció que se iniciaba el período electoral.
Correa reiteró que existe en Ecuador «un grave rompimiento del orden constitucional» y equiparó la situación en el país con la convocatoria de la consulta independentista en Cataluña.
«Toda consulta popular, más aún con reformas constitucionales tan profundas como las que tiene esta, requiere dictamen constitucional. Aquí, en España, en todos lados», apostilló.
El exgobernante, que esta semana se desafilió del movimiento de izquierdas Alianza País que fundó en 2006 y al frente del cual gobernó durante una década, remarcó que la prensa internacional lo acusa de rechazar la consulta por la pregunta número 2 que interpela a la ciudadanía sobre la derogación de la reelección indefinida de autoridades.
«No me importa la reelección, me importa la patria», aseguró y dijo que fue precisamente la pregunta 3 que propone la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) la que lo ha motivado a hacer campaña contra la consulta, al entender que el Ejecutivo busca con ello concentrar poderes.
El CPCCS es un mecanismo de control, mediante el cual el Estado debe vigilar, fiscalizar y controlar la administración y gestión de lo público en Ecuador, aunque la oposición dice que se transformó en una de las herramientas del correísmo para imponer su discurso y políticas, que consideran represivas y antidemocráticas. EFE.
EFE
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