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María José Carrión ratifica que no hay competencia para seguir con juicio político a Jorge Glas

“Lo que hice fue remitir un oficio motivado a José Serrano Salgado por el cual le indicaba que la comisión y la Asamblea perdieron las competencias para continuar con el proceso de interpelación a Glas”, dijo María José Carrión

María José Carrión, presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político, aclaró que en ningún momento se suspendió ni se archivó el juicio político al exvicepresidente de la República, Jorge Glas.

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“Lo que hice fue remitir un oficio motivado al doctor José Serrano Salgado, titular de la Legislatura, por el cual le indicaba que la comisión y la Asamblea perdieron las competencias para continuar con el proceso de interpelación al ingeniero Glas, porque la Constitución y la Ley prevén el enjuiciamiento del Presidente o Vicepresidente de la República mientras están en ejercicio de sus funciones”, dijo Carrión.

Explicó que actuó con absoluto apego a la norma contenida en el Art. 129 de la Constitución, ya que en derecho público solo se hace lo que está escrito. Por tanto, “una vez que Jorge Glas fue reemplazado en el cargo de vicepresidente, ni la Asamblea, ni la comisión, ni ningún otro legislador podría continuar con un proceso que solamente es posible cuando el funcionario está en ejercicio del cargo”, subrayó.

“Para esta decisión de informar al presidente de la Asamblea, José Serrano Salgado, no se requería de ninguna resolución oficial de la comisión. Si hubiese sometido el tema a discusión y posterior votación en el organismo, habríamos sido acusados de arrogación de funciones”, añadió.

“Una vez que el Pleno de la Asamblea nombró a la nueva vicepresidenta, María Alejandra Vicuña, yo no podía recibir más pruebas de cargo ni de descargo, tampoco preparar un informe de la comisión, porque la Constitución y la ley me lo impiden”, reiteró, al subrayar que probablemente haya un vacío constitucional y también legal sobre este tema.

“Con una resolución de la comisión no se puede cambiar el texto constitucional, por más buena voluntad que tengamos los legisladores. Debemos actuar en concordancia con la normativa vigente”, concluyó.

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