Por primera vez en el mundo dos empresas (Epson y Apple) han sido demandadas penalmente por el delito de obsolescencia programada. Una práctica industrial que consiste en diseñar productos con una vida de duración corta con el fin de obligar al consumidor a reemplazarlos rápidamente por otros nuevos. Los dos casos ocurrieron en Francia, el único país que hasta el momento ha incorporado en su código penal esta práctica industrial como un delito. Detrás de estas demandas se encuentra la asociación “Alto a la Obsolescencia Programada” (HOP, por sus siglas en francés). Hablamos con su presidente y cofundador Samuel Sauvage, un economista comprometido con la defensa del medio ambiente, coautor del libro “De lo desechable a lo durable”.
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¿Cómo nació la asociación HOP y qué tipo de acciones llevan a cabo?
Antes de su creación muchos de los fundadores estábamos involucrados en temas que relacionan economía y protección del medio ambiente. Entonces, cuando hace un par de años se crea acá en Francia la ley sobre la obsolescencia programada decidimos fundar la asociación. Lo que nos preocupa es el alto consumo y la alta tasa de fabricación de productos que se realiza hoy en día en el mundo. Nuestro fin es denunciar esa práctica industrial pero también proponer soluciones que permitan luchar contra este fenómeno. En ese sentido somos una asociación que defiende al consumidor y a su derecho a tener productos fiables y fáciles de reparar, pero que también denuncia el problema de nuestra sociedad de consumo en la que sobreexplotamos recursos limitados. Nos parece imposible que con todo el progreso técnico que tenemos las empresas no puedan alargar la duración de sus productos, pero también incitamos a los ciudadanos a consumir de manera más responsable.
La obsolescencia programada es una práctica común en la industria. ¿Cómo se define actualmente?
Son todas las técnicas que puede llevar a cabo una empresa para acortar la duración de vida de los productos. Las empresas hacen que éstos se dañen pronto para poder vender cada vez más. El concepto se teorizó por primera vez en los años 30 y se impuso como una medida para impulsar el crecimiento económico en plena época de crisis en los Estados Unidos, pero ahora no tiene justificación. Existen tres tipos de obsolescencia programada: una obsolescencia técnica, que sucede cuando se fabrica una pieza que va a durar poco, su reparación es difícil, y se obliga al consumidor a comprar un nuevo producto. La segunda es de compatibilidad y sucede cuando un aparato se vuelve obsoleto porque ya no se puede actualizar o porque no es compatible con un programa nuevo. La tercera es la que llamamos obsolescencia ética que ocurre cuando un aparato todavía funciona pero el marketing y la publicidad presionan al consumidor para que lo cambie por uno más nuevo.
La creación de una ley que castigue esta práctica es un evento único en el mundo. ¿Cómo puede cambiar la industria este nuevo marco legal?
Es un evento histórico porque es la primera vez en que se convierte en un delito reconocido por un estado. Todo esto se logró después de más de dos años de debates y promesas en el senado francés. El delito se puede sancionar con 2 años de cárcel para el dirigente de la empresa y una multa de hasta un 5% de las ganancias anuales. Es una sanción fuerte que puede ser disuasiva para las empresas, pero que hasta ahora es sólo teórica pues no ha habido ninguna condena. Esperamos que con estas dos primeras denuncias a Epson y a Apple se demuestre que la ley no es sólo de papel sino que es un arma real para que las empresas se adapten a otro modo de producción.
La primera denuncia que hicieron ustedes fue contra Epson ¿cuáles fueron las pruebas que reunieron en este caso?
Nos dimos cuenta que Epson es una de las marcas de impresoras que genera más reclamos entre los usuarios. Hicimos entonces una investigación con más de 10 reparadores independientes sobre sus impresoras. Los resultados nos mostraron que había en efecto un problema con uno de los cartuchos de tinta: se indica que está vacío cuando todavía queda el 40% de tinta, creando así un despilfarro y una estafa al consumidor. Por otro lado, a veces la impresora deja de funcionar porque el tampón de absorción de la tinta se bloquea sin razón justificada. En nuestra investigación demostramos esos dos puntos. Esa investigación la retomó la fiscalía que aceptó llevar a cabo una demanda contra la empresa reconociendo la viabilidad de la denuncia.
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¿Y en el caso de Apple, cuál es el problema que ustedes denuncian?
En el caso de Apple estamos denunciando que la empresa ralentiza a propósito los teléfonos para así cortar su vida útil. Queremos demostrar que cuando sucede esto muchos teléfonos ya no son 100% funcionales y la gente tiende a abandonarlos y comprar uno nuevo. La empresa ya aceptó que sí hace más lentos sus teléfonos pero argumenta que es para alargar la vida de la batería. Para nosotros la empresa lo hace sólo con el fin de vender nuevos teléfonos y así renovar el gasto de los consumidores. Nuestra demostración consiste en decir que no existe otra razón posible para que esto se hiciera y porque esta ralentización coincide justo en el momento en que Apple saca un nuevo modelo de IPhone. Es bastante evidente que es una estrategia global de la empresa y esperamos que los jueces ahora investiguen de manera neutra para demostrarlo. Si la empresa realmente quiere reaccionar y demostrar que toma en serio este tema me gustaría por ejemplo que los próximos IPhone tuvieran una garantía de 4 años. Este sería un gesto importante de la parte de Apple para mostrar que sí quiere proteger el medio ambiente y al consumidor.
¿En qué van las demandas ahora? ¿Cuál es su futuro y su vía legal?
Son denuncias penales que nosotros hemos propuesto a la fiscalía. Ellos han aceptado en ambos casos llevar a cabo las demandas, es decir que el estado ha tomado parte y se apodera como denunciante. Serán entonces procesos del estado contra las dos empresas en los que nosotros seremos sólo testigos. Lo que se viene ahora es la reunión de varios expertos de una y otra parte para demostrar o no el delito. Todo ello podría tardar un año, aunque es incierto pues son procesos nuevos en el derecho penal.
¿Tienen algunas otras demandas en preparación?
Es posible que comencemos a constituir los elementos para una demanda contra empresas que fabrican medias veladas para mujer pero hasta ahora estamos comenzando a constituir las pruebas.
Aparte de Francia ¿qué avances existen a nivel regional o global para luchar contra la obsolescencia programada?
Hay un movimiento mundial para el reconocimiento de estas prácticas y para la adopción de las propuestas para alargar la vida de los productos. A nivel europeo, por ejemplo, se votó un informe que le pide a la comisión europea tener una directiva clara sobre este asunto. Es entonces probable que se mueva un marco legal en este sentido pero no se sabe cuándo. A nivel mundial salió un informe en septiembre hecho por las Naciones Unidas, lo que demuestra la importancia del tema. Y bueno creo que la gente se está dando cuenta que la estafa existe, y no se justifica tener productos que duren tan poco. La idea es poder castigar a las empresas que incurren en la práctica, pero también proponer acciones para un consumo responsable. Esperamos que otras asociaciones puedan llevar a cabo acciones en otros países y que algún día el delito sea reconocido a nivel mundial, mientras eso ocurre seguiremos nuestra lucha acá en Francia. Para nosotros, este año será muy importante seguir nuestras denuncias para ver el alcance real de la ley.
Por: Guillermo Quintero / Especial para Publimetro
