El ministro ecuatoriano de Educación, Fander Falconí, elevó este 16 de enero a 919 las denuncias de delitos sexuales a escolares entre 2014 y enero de este año, de los cuales el 67 por ciento ocurrieron dentro de los centros educativos.
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«Estamos hablando de un problema realmente grave. Particularmente el año 2017 le desnudó (sic) a la sociedad ecuatoriana y a un conjunto de sociedades respecto a la necesidad de tomar cartas en el asunto y generar políticas estructurales para resolver el problema», declaró el responsable educativo en una entrevista con Efe.
Precisó que en un 33 por ciento de los casos denunciados las agresiones se produjeron fuera de las unidades escolares, es decir, por pares estudiantiles, familiares cercanos al niño o personal educativo fuera de su ámbito de trabajo.
En el terreno educativo y desde una lógica de tolerancia cero con los abusos a menores se está luchando en cinco frentes contra el fenómeno.
Uno de ellos es la transparencia en la información y en ese sentido remarcó que desde su llegada al cargo se ha sistematizado el recuento de casos y cifras estadísticas sobre la problemática.
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En segundo lugar, la restitución de los derechos de los niños y familias que son violentados, para lo que su Ministerio desarrolla un acompañamiento psicológico, técnico y especializado, destinado a «evitar la revictimización y garantizar el derecho a estudiar».
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La prevención es otro de los aspectos involucrados en la lucha contra esta lacra, y se lleva a cabo «con docentes, con trabajo curricular y fortalecimiento de los departamentos de consejería estudiantil».
En el campo legal, el ministro subraya que deben existir sanciones a los autores: «Estos crímenes y violación de derechos tienen que ser judicializados».
Muchos de los casos, denuncia, fueron represados en el sistema educativo, y para tal fin, su cartera ha recurrido en cuatro ocasiones a la Fiscalía General del Estado (FGE) para trasladarle 181 expedientes administrativos que involucran a docentes cuyos casos fueron archivados entre 2014 y 2017 por negligencia u omisión.
Reveló que se suman otros 75 archivos que se resolvieron con sanciones parciales a los docentes como la suspensión temporal de sus funciones para regresar 90 días después, por ejemplo.
Todos estos sumarios han llevado a Educación a solicitar un recurso de revisión y crear un equipo jurídico ad hoc que analizará cada caso de forma exhaustiva y dispone de 60 días desde la semana pasada para presentarlo ante la justicia.
«Eso va a implicar que nosotros reaperturemos estos casos y de esta manera depurar al sistema educativo del país», refirió.
En paralelo, el Ejecutivo de Lenín Moreno ha creado una comisión interinstitucional de Estado para prevenir la violencia sexual en el ámbito educativo.
Falconí insistió que «se trata de evitar la puerta giratoria» y que los agresores no cumplan las penas preceptivas.
Fuente: EFE
