El gobierno del presidente Lenín Moreno ratificó este lunes 8 de enero su respeto a la autonomía e independencia de las funciones del Estado y de los organismos de control y aseguró que la decisión de la Contraloría de conformar una veeduría para que acompañe el examen especial a la legalidad, fuente y uso de la deuda pública es “de responsabilidad de esa entidad”.
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Mediante comunicado, afirmó que para garantizar su legalidad y objetividad, la decisión de la Contraloría “debe estar enmarcada en la normativa constitucional, legal y reglamentaria vigente”.
El presidente ratificó que su gobierno tiene la voluntad política y la capacidad financiera para “garantizar el cumplimiento” de todos los compromisos financieros internacionales en los términos y condicione en los que fueron contratados”.
El contralor Pablo Celi anunció este lunes el inicio de una auditoría especial a la legalidad, fuente y uso de la deuda pública interna y externa, entre el 1 de enero de 2012 y el 24 de mayo de 2017, durante el gobierno del expresidente Rafael Correa.
Celi indicó que ya notificó al exmandatario y a las autoridades de finanzas y del Comité de Deuda de su administración, sobre las observaciones preliminares encontradas desde agosto pasado, cuando inició la investigación de la deuda por pedido del jefe de Estado, Lenín Moreno.
Entre las observaciones se incluyen temas como la declaratoria de reservada y secreta de la documentación de operaciones de deuda, el Decreto Ejecutivo mediante el cual se excluye a la venta de crudo de la deuda pública, y convenios interinstitucionales firmados entre Petroecuadro y el Ministerio de Finanzas.
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El contralor también indicó los nombres de los 11 veedores que serán parte de la auditoría, entre los que figuran reconocidos juristas, empresarios y economistas: Roberto Aspiazu, Eduardo Valencia, Patricio Alarcón, Pablo Dávalos, León Roldós, Ramiro Crespo, Ana Abril, Marcelo Merlo, Alfredo Corral, Magdalena Barreiro y Mariana Yépez.
Mientras tanto, el exmandatario ecuatoriano desmintió haber recibido alguna notificación y calificó a la decisión como una “persecución”. Además dijo que el objetivo es distraerlo de la campaña por el No a la consulta popular que está liderando.
“Esta es una vulgar persecución. Lo que hace el decreto de 2016 es aplicar el manual del Fondo Monetario Internacional (FMI), pero como quieren crear un sobreendeudamiento hacen este show”, manifestó el exmandatario, durante un conversatorio la tarde de este lunes en Guayaquil.
Correa explicó que la deuda pública tanto interna como externa ya ha sido auditada y señaló que se busca encontrar una supuesta ilegalidad a un decreto, mediante el cual se aplicó el manual del FMI para calcular el monto de la deuda, que también lo toma como base la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Fuente: Andes
