La jueza Lucila Gómez aceptó la Acción de Protección de Teleamazonas en contra del superintendente de Información y Comunicación, Carlos Ochoa, y ordena que el mismo pida disculpas en el plazo de 72 horas.
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La Supercom apeló, sin embargo en materia constitucional la apelación no suspende los efectos de la sentencia. La jueza no acogió los argumentos expuestos por los abogados de Teleamazonas en el sentido de que el derecho constitucional violado fue el de ser juzgado por jueces imparciales, sino el de presunción de inocencia.
Teleamazonas sostuvo que la Supercom violó su derecho al debido proceso, particularmente el de obtener resoluciones de autoridades imparciales.
El abogado David Ortiz aseveró que la imparcialidad consiste en “ser juzgado por una persona desinteresada y ajena a la controversia”.
Ortiz alertó que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, obligatoria para Ecuador, ha establecido que la imparcialidad también implica que quien resuelva “no tenga interés directo, posición tomada, interés personal o institucional en la causa”, cuestión que a su criterio no se da en el caso de Carlos Ochoa, que es el afectado y quien resolvió sancionar a Teleamazonas con el 10% de la facturación de los últimos 3 meses.
Supercom argumentó que es facultad del superintendente iniciar procesos de oficio y emitir las resoluciones administrativas. Dijeron además que por ser autoridad administrativa no está obligado a ser imparcial.
