Este 22 de diciembre, diario Expreso publicó un reportaje acerca de los abusos de lo que son víctimas menores de edad en instituciones educativas.
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En la publicación se explica cómo maestros que eran acusados de abuso fueron reubicados constantemente y seguían recibiendo más denuncias.
En particular se refieren a un caso que ocurrió en Magna, una comuna de Chimborazo. Allí, «el ‘profe’ Salomón llegó en 2016 «en medio de una cálida acogida del pueblo. Pero la alegría duró poco», explica el sitio.
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Meses después de su arribo, una madre hizo una oscura confesión. El ‘profe’ le había pedido a su hija que le toque los genitales. El maestro ya contaba con cinco denuncias por abuso sexual en una escuela de Alausí. Antes de ser apresado, el docente estaba a punto de ser reubicado en una tercera escuela.
En Vinces, Delég, Guayaquil, Quito se han dado casos similares, a pesar de que la Ley lo prohibiría.
El artículo 342 reitera que, en caso de una acusación, las medidas de protección a favor de las víctimas deben establecerse de manera inmediata, “sin que esto implicare el traslado o traspaso de la o el docente a otra unidad educativa”.
Sin embargo, esta medida se mantiene solo a lo largo de noventa días. En ese plazo, mientras la junta investiga, el docente acusado pasa a labores administrativas. Luego, si la investigación no llega a una conclusión, o vence el plazo, el maestro puede regresar al aula o ser reubicado.
De igual forma, cuando los casos de abuso alcanzaron notoriedad en medios, el Ministerio de Educación emitió dos decretos, adicionales a la LOEI. El primero de ellos, el 2017-00052-A, establece que, en caso de conocer de una denuncia, todo el proceso debe estar documentado. A su vez, docentes y administrativos deben colaborar y responder ante la Fiscalía. El artículo 10 prohíbe terminantemente el traslado del docente a otra unidad educativa.
El acuerdo 2017-00055-A, en cambio, modifica los procesos de contratación estableciendo, entre varios puntos, la creación de comisiones para la contratación de maestros y la obligatoriedad de que los docentes y directivos cuenten con los años de experiencia necesarios.
No obstante, la Comisión Aampetra sostuvo que “pese al alto número de casos registrados, el ministerio no auditó ni intervino ninguna de la instituciones donde los hechos ocurrieron”.
Ante dichas declaraciones, el medio consulto con el Ministerio de Educación sobre el número de maestros acusados de abuso que fueron reubicados. Sin embargo, el medio no obtuvo una respuesta.
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