Responsables de pequeñas y medianas empresas (Pymes), colectivos sociales, cargos del Gobierno y la Asamblea Nacional firmaron hoy en la capital ecuatoriana un «Pacto por la no violencia sexual infantil».
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El documento, que contiene cuatro puntos para prevenir y erradicar ese fenómeno que deja cifras y casos de abusos cometidos a menores, fue rubricado en la sede del Centro de Exposiciones Quito, en un acto que contó con la participación de escolares de centros periféricos de la capital que portaban carteles con la leyenda «Infancia sin violencia».
Entre los firmantes, la ministra de Industrias y Productividad de Ecuador, Eva García, apoyó la iniciativa y se hizo eco del caso de la niña Emilia Benavides desaparecida el 15 de diciembre y cuyo cadáver apareció descuartizado e incinerado el martes en una quebrada en las afueras de la ciudad de Loja (sur).
«No podemos desconocer hechos como el acaecido en Loja», refirió la ministra, antes de criticar a la sociedad al afirmar: «Nos desentendemos de los actos violentos».
El presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de Pichincha (Capeipi), Marco Carrión, defendió el compromiso rubricado hoy como «mecanismo que apoya a nuestros niños y niñas, el mejor motor del país».
En los últimos meses han proliferado casos de abusos a menores, en particular en centros educativos, que han llevado a organismos a abanderar pactos similares y a las asociaciones de víctimas a reclamar a las autoridades acciones más contundentes contra los agresores.
El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, reveló recientemente que entre 2014 y 2017 hubo 4.864 denuncias de delitos sexuales contra niños y niñas, de los que 2.264 llegaron a juicio.
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En el ámbito educativo el ministro del ramo, Fander Falconí, contabilizaba en octubre que en el mismo período se habían registrado 882 denuncias de violencia sexual contra escolares, incluidos 561 vinculados con el sistema de educación pública.
De acuerdo a Unicef, las estadísticas oficiales indican que las víctimas solo denuncian en alrededor del 15 por ciento de casos de violencia sexual en Ecuador, unos abusos que en su 90 por ciento recaen sobre niñas y el 10 por ciento en niños.
Por otra parte, medicina legal determina -según medios locales- que del total de casos de abuso sexual en el país, el 86 por ciento corresponde a menores de 18 años.
«El pacto de hoy es estratégico, para dar herramientas a las comunidades, territorios y escuelas para prevenir y erradicar» el fenómeno, explicó a Efe Juanita Francis, directora del colectivo «Mujeres de Asfalto», que lleva 8 años trabajando en el ámbito de los derechos humanos y ha promovido la iniciativa.
La activista advierte de que se trata de un pacto con una agenda que contempla la formación a líderes comunitarios e integra a la empresa por tratarse de una cuestión de responsabilidad social.
«Creemos que el tema de la violencia es una gripe, pero se trata de una pandemia, un asunto de salud pública y todos tenemos que sumarnos a esto», defiende.
Coincide con ella otra de las firmantes, la asambleísta Silvia Salgado, delegada del presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, para quien también «es responsabilidad del Estado y la sociedad, la familia y los medios de comunicación en su conjunto».
Abogó porque «se multipliquen» pactos semejantes, así como la corresponsabilidad y el debate.
«No podemos seguir viviendo con conductas sociales de violencia que ponen en peligro la vida de nuestros niños», concluyó la legisladora.
La suscripción del pacto se da en un momento en que en Ecuador se debate sobre una consulta popular del Gobierno que, entre otras cosas, pregunta a la población si aprueba que se declare como imprescriptibles los delitos sexuales contra menores de edad.
El próximo 4 de febrero, los ecuatorianos acudirán a las urnas para votar en consulta popular por ese y otros temas como la reelección indefinida, la plusvalía, la lucha anticorrupción y la protección del medio ambiente.
EFE
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