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Mañana se decidirá sobre pedido de juicio político a Glas

El CAL resolvió que el proponente de este proceso, Roberto Gómez, complete la información para que su pedido se ajuste a los requisitos que exige la Constitución de la República

La sesión del Consejo de Administración Legislativa (CAL), que en un inicio se planteó a las 11h00 del próximo domingo, 17 de diciembre, será a las 10h00. En la misma se resolverá si se da paso o se archiva el pedido de juicio político a Jorge Glas, vicepresidente de la República.

Esta información la aclaró José Serrano Salgado, presidente de la Asamblea, en una entrevista en Telediario Ec. El CAL resolvió que el proponente de este proceso, Roberto Gómez, complete la información para que su pedido se ajuste a los requisitos que exige la Constitución de la República frente a estos casos de control político.

El legislador ingresó dicha documentación a las 18h30 del jueves. Mientras, los vocales del organismo se dieron un plazo de 48 horas para revisarla, de acuerdo con las declaraciones del presidente.

Glas se encuentra implicado en un supuesto delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht. Por ello, la justicia lo condenó a seis años de prisión, aunque aún cuenta con derecho a apelación.

Durante ese proceso legal, para Serrano, “era fundamental darle libertad a la Fiscalía y a los jueces para que puedan actuar sin ninguna presión y bajo el debido proceso” y, al mismo tiempo, para que los implicados respondan a la justicia.

Con esa explicación, el Titular de la Legislatura precisó las razones por las que el CAL actuó después del proceso que llevó a cabo la justicia. “Estábamos hablando de la inocencia o culpabilidad de ciudadanos frente a delitos, por tanto, evitar cualquier situación que presione a jueces y fiscales era fundamental.

Ahora que ya existe un fallo, nosotros también tomaremos cualquier decisión política”, recalcó.

En cuanto a la comunicación que remitió la Contraloría sobre una resolución en la que indica que ha confirmado las sanciones de “multa y destitución, entre otros, del Ing. Jorge David Glas Espinel”, Serrano señaló que al respecto existe un vacío legal, porque la Constitución determina que “se debe destituir al funcionario que cometió el acto irregular, pero no establece cuál es la situación específica cuando esa persona ya no está en el cargo y, mucho más, cuando es el Presidente o Vicepresidente de la República”.

Ante esa falta de claridad en la norma, explicó que solicitó a Lenín Moreno, presidente de la República, que requiera una interpretación a la Corte Constitucional. “Sin esa (aclaración) la Asamblea Nacional no puede dar una resolución”, especificó, tras enfatizar que “el Parlamento no puede actuar en el marco de las circunstancias y coyunturas, sino de la institucionalidad del país”.

Recordó el caso en el que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos determinó que la destitución de jueces de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional, en 2005, fue ilegal e inconstitucional y violó los derechos humanos de estos ciudadanos, porque la resolución no estaba amparada en la Ley ni en la Constitución. “El país requiere transparencia, honestidad y mucha responsabilidad”, acotó.

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