Con el voto de 71 asambleístas, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este miércoles la Proforma Presupuestaria 2018, que asciende 34 mil 818 millones de dólares; la Programación Cuatrianual 2018-2021 y el límite de endeudamiento.
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Para esto se tomó como base el informe de la Comisión de Régimen Económico, presidido por Pabel Muñoz, que incluyó 12 recomendaciones relacionadas con el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia, el cierre de brechas territoriales, la asignación de recursos para las universidades, programación del pago de haberes por incentivo a la jubilación de servidores públicos, entre otros.
El monto de 34 mil 818 millones de dólares previsto para el año entrante representa una reducción del 5,34 % respecto a la Proforma 2017. Se cumple la regla fiscal que aconseja que los gastos permanentes deben ser financiados con ingresos permanentes.
En este caso, dichos ingresos son superiores en 627 millones de dólares en relación con los gastos permanentes. Los ingresos se componen por tributarios (18 mil 325 millones), que representan el 52,6 %; no tributarios (6539 millones), el 18,8 %; financieros (9988 millones de dólares), es decir el 28,66 %. Para 2018 se proyecta una producción de petróleo por el orden de 196,49 millones de barriles, con un precio estimado de exportación de 41,92 dólares por barril, con lo cual se obtendría un aporte de 1835 millones de dólares para el Presupuesto General del Estado.
El indicador de deuda consolidada respecto al Producto Interno Bruto (PIB), a septiembre de 2017, se ubica en 28,8 %. Las previsiones macroeconómicas estiman escenarios de endeudamiento que no superan el 40 % hasta 2021 y se cumplen las preasignaciones en cuanto a los gobiernos autónomos descentralizados, salud, educación básica, bachillerato y educación superior.
La principal inversión está dirigida al área social, con un monto de 12 mil 833 millones de dólares a los sectores educación, salud, bienestar social, cultura, desarrollo urbano y vivienda. El principal rubro es educación (5773 millones), con 45 %, que incluye a las universidades; el segundo es salud (3919 millones), con una incidencia del 30%.
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El organismo legislativo, en su informe, establece que para el período 2017-2021, el Plan Nacional de Desarrollo se enfoca en la garantía de derechos para todos y todas, a lo largo del ciclo de vida. Con el propósito de alcanzar los Objetivos Nacionales de Desarrollo, la cuarta edición de este instrumento de planificación se basa en tres ejes: derechos para todos, economía al servicio de la sociedad y más sociedad, mejor Estado, con nueve objetivos, 62 políticas y 52 metas, que se detallan en el documento.
Recomendaciones
Se recomienda al Gobierno Central registre y utilice los catálogos y clasificadores presupuestarios, especialmente el orientador del gasto en políticas de igualdad y ambiente, así como el funcional y el geográfico. También que asegure los recursos suficientes para ejecutar el Plan Nacional de Erradicación de Violencia de Género hacia la Niñez, Adolescencia y Mujeres.
Se insiste en la necesidad de actualizar el estudio sobre el cierre de brechas territoriales, informar los programas o proyectos que podrían verse afectados por la disminución de los recursos asignados al Plan Anual de Inversiones 2018, elaborar un plan de fortalecimiento de la formación técnica, tecnológica y definir un esquema para la utilización de los recursos asociados con la devolución del IVA y el Impuesto a la Renta para las universidades.
Así mismo, sugiere elaborar una programación para el pago de la totalidad del incentivo a la jubilación de los servidores públicos. Esto garantiza que los montos asignados sean al menos iguales a los dispuestos en el año 2017 (60 millones de dólares) y que se informe sobre los recursos que anualmente se transfieren a la seguridad social, particularmente lo relacionado al fondo de salud.
Otra recomendación prevé un monitoreo permanente del comportamiento de la balanza comercial, la entrega de información detallada sobre los recursos asignados, fuentes de financiamiento y ejecución del Plan Toda una Vida, con las modificaciones en los subsidios en desarrollo social, desarrollo urbano y vivienda.
Igualmente, requiere un informe de la política, metodología de cálculo y los objetivos del gobierno sobre endeudamiento público, así como un informe que muestre los avances en la ejecución del Plan Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con énfasis en los proyectos relacionados con seguridad vial.
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